"El problema de la financiación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a la Dependencia, es complejo y su complejidad radica no sólo en su insuficiencia, sino en su incoherencia y sobre todo en su falta de garantía", aclaró la consejera.

De esta forma, según la Ley, el Estado garantiza una financiación mínima a través de lo que ha dado en llamar el "nivel mínimo". "Esa financiación global se estipula en los presupuestos generales del Estado año a año y se reparte entre las Comunidades autónomas en base al número de personas dependientes, su grado y nivel, es decir, no al coste real de los servicios, sino al número de personas dependientes", matizó.

"De esta forma, por una persona gran dependiente grado 3 nivel II, es decir, el mayor grado de dependencia, el Estado ingresa a la Comunidad autónoma por el nivel mínimo de protección la cantidad de 266,57 euros, cuando una plaza para un gran dependiente cuesta en Canarias alrededor de 2.500 euros", indicó.