La Cámara Baja hizo esta petición al Ejecutivo mediante una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista aprobada por unanimidad en la Comisión de Discapacidad del Congreso.

En la defensa de esta propuesta, la socialista María José Sánchez indicó que los centros especiales de empleo no están utilizándose como canal de transición al mercado ordinario de trabajo en la medida en que deberían y consideró que esta iniciativa les ayudaría a restablecer este cometido.

La inserción en el mercado de trabajo de las personas con discapacidad fue objeto de debate de otra proposición no de ley, también socialista y aprobada por unanimidad, en la que se insta al Gobierno a tomar medidas para conseguir la "real integración" laboral de los ciudadanos con discapacidad dentro del sector público.

Concretamente, la iniciativa pone el acento en las personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o con un grado de discapacidad superior al 49%, ya que son los colectivos de más difícil inserción, según explicó en su exposición la socialista Margarita Pérez.

Esta diputada recordó que el 67,5% de las personas con discapacidad en edad laboral no tienen ni buscan empleo, un porcentaje que a su parecer es "muy elevado".