Así lo han planteado en la reciente mesa de negociación mixta que mantuvieron junto a la Conferencia de rectores, sindicatos, Consejos Sociales y comunidades autónomas.

Los estudiantes recordaron este martes en un comunicado que la nueva ley universitaria de Castells establece que los precios públicos universitarios serán fijados por cada comunidad autónoma, dentro de los límites máximos marcados por la Conferencia General de Política Universitaria. No obstante, el estudiantado universitario insiste "en la necesidad de garantizar en la futura Ley Orgánica que el sistema de precios públicos deberá tender a la gratuidad de la primera matrícula universitaria, una idea que el Ministro de Universidades ha compartido públicamente en varias ocasiones".

Así, los estudiantes consideran fundamental que la LOSU refleje “un sistema de financiación universitaria que cubra las necesidades mínimas de las universidades, evitando que la falta de financiación sea cubierta por las tasas universitarias del estudiantado como ocurrió en 2012 con el “tasazo” de Wert”.

También reivindican que el aumento del gasto público en educación se produzca en los próximos cinco años en lugar de en los próximos diez años, como ha propuesto el Ministerio de Universidades. A su vez, consideran necesaria una inversión del 2% del PIB estatal, así como una financiación autonómica que cubra las necesidades mínimas de las universidades, como los gastos corrientes o el personal.