Con esta ley, el Gobierno catalán se compromete a convertir las acciones y los servicios de salud pública en un derecho de los ciudadanos, a la vez que sitúa la salud pública al frente de las prioridades de la acción de gobierno.

La normativa aprobada hoy por unanimidad por el Pleno del Parlament catalán liga con el Plan de Gobierno 2007-2010 de la Generalitat en materia de salud, entre cuyos objetivos está el abordaje de la salud no sólo desde la atención a la enfermedad, sino también de manera integral, incluyendo la prevención y la promoción de la salud

La nueva norma reconoce las prestaciones y los servicios que, en materia de salud pública, tiene que prestar el sistema sanitario público en Cataluña, incorporando dentro de su catálogo las prestaciones dirigidas a las personas de forma individual (como el apoyo para dejar de fumar) y los servicios dirigidos a las colectividades (como los planes de promoción del ejercicio físico y de la alimentación saludable) y a los riesgos ambientales (promoción de entornos saludables).

Entre las prestaciones incluidas a la cartera de servicios de salud pública reconocidos en esta ley, destacan el ámbito de la protección y vigilancia; la salud alimentaria y ambiental, la gestión de los riesgos sanitarios (vigilancia y control de los establecimientos alimentarios, de las aguas de consumo humano, del riesgo de legionela, brotes epidémicos y alertas sanitarias...), planes de prevención de la gripe o actuaciones ante eventuales olas de calor en verano.

La futura ley permitirá trabajar de forma eficiente contra las desigualdades que se produzcan en materia de salud por razón de género, clase social y grupo étnico. También permitirá dar respuestas a estas situaciones de desnivel, especialmente en el caso de las mujeres y de aquellas poblaciones más vulnerables, en torno a las cuales se concentran los riesgos para la salud y los problemas asociados.