Lo hizo en una tribuna publicada en ‘El Confidencial’ recogida por Servimedia en la que aseveró que el redactado actual de ese precepto constitucional “no se sostiene por ninguna parte” al establecer que “los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”.

Xuclà, que este jueves participará en un diálogo organizado por Servimedia sobre esta cuestión, hizo en su texto un recorrido histórico sobre la reforma del artículo 49, remontándose al 16 de octubre de 2018, cuando la entonces vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se reunión con los portavoces de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, que él presidía.

En aquel encuentro, rememoró Xuclà, Carmen Calvo planteó la necesidad de reformar el artículo 49 de la Constitución, sugiriendo que la propuesta de redactado fuera fruto del consenso de todos los grupos parlamentarios, con el fin de atender las reclamaciones de las principales organizaciones del mundo de la discapacidad, de familiares y de juristas.

Ese mismo día, Xuclà convocó a la Mesa y a los Portavoces de la Comisión, quienes “hacemos nuestra la propuesta”, lo que supuso “una gran oportunidad” para que el Parlamento fuera “el lugar del consenso en un asunto que no puede tener ventajismo partidista”.

Tras escuchar durante la segunda quincena de aquel mes de octubre las aportaciones de expertos en la materia, los días 27 y 28 de noviembre los grupos parlamentarios cerraron “un texto de consenso”, que él mismo remitió al Gobierno, “con la seguridad de que esta vez una propuesta de reforma constitucional puntual no sería elemento de confrontación partidista”.

Sin embargo, la reforma constitucional no se materializó debido a que la legislatura concluyó en febrero de 2019, cuando ganaron las enmiendas a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

MISMO TEXTO “EN LO ESENCIAL”

Tras la conformación del actual Gobierno de coalición, el Ejecutivo presentó un proyecto de reforma, explicó Jordi Xuclà, que “en lo esencial reproduce el texto que produjo la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad” en 2018.

Puntualizó que “en aquel consenso estaban todos los grupos y mucho nos cuidamos todos de que estuviera el principal partido de la oposición, el PP”, cuyo portavoz en la materia, Ignacio Tremiño, “estuvo desde el minuto 0 hasta la última coma en la definición del texto”. Por ello, dejó caer que “algo nos hemos perdido desde aquel consenso hasta este disenso”, materializado en las dos enmiendas a la totalidad presentadas contra el proyecto de reforma por el PP y Vox.

Esto le permitió hacer suyas las reclamaciones del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y de la ONCE para reclamar a Vox y PP para que reconsideren su posición.

A su juicio, “ni una persona con discapacidad ni un familiar de una persona con discapacidad ni un profesional que trabaje en el sector de la discapacidad puede entender que no se aborde urgentemente la sustitución de un texto arcaico y denigrante por otro en el que se puedan sentir representadas las personas con discapacidad”.

También recalcó que “el éxito de este texto es el éxito de tantos gobiernos, de distintos colores políticos, que han hecho grandes avances en la integración social y laboral de las personas con discapacidad”.

Jordi Xuclà aseveró que “no se debe aprovechar una reforma concreta de un artículo concreto para presentar propuestas de reforma constitucional fuera del consenso”, ya que “las personas con discapacidad serían las primeras que se sentirían utilizadas”.

Si algún grupo parlamentario aprovechara la ocasión para hacerlo, Xuclà señaló que “hay mayoría más que suficiente para no mover el foco del objeto de la reforma”.

Por ello, se dirigió directamente al PP, sin cuyos votos no se alcanza la mayoría de tres quintos necesaria para que la reforma del artículo 49 salga adelante, para pedirle que respete el consenso de 2018 y “no permita un espectáculo lamentable de pelea política”.

Por último, se preguntó si “todos están de acuerdo en que hoy no hay disminuidos a los que se les tiene que aplicar políticas de previsión y tratamiento”, lo que sirvió para remachar que, “si es así, no hagan el ridículo”.