Lo dijo durante su participación en el acto conmemorativo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se celebra el domingo, en el Espacio Rastro Madrid, un día después de que el Congreso de los Diputados diera luz verde a la convalidación del real decreto-ley del Gobierno que incluye un paquete de medidas urgentes para frenar la escalada del precio de la luz, entre ellas un recorte a los beneficios extraordinarios obtenidos por las eléctricas a cuenta de la subida del gas.

Ione Belarra aseveró que actualmente se asiste a un “chantaje absolutamente intolerable” por parte de las eléctricas, que forman parte de “la élite más privilegiada del país y que se resiste a perder esos privilegios para poder garantizar los derechos de todos y de todas en nuestro país”.

Por ello, continuó la ministra, estas compañías “han amenazado con cerrar las nucleares y con cierres y cortes de suministros”; “han vaciado los embalses durante el verano acabando con el sustento económico de comarcas enteras alrededor de esos embalses”; “han cerrado de manera temporal plantas de fotovoltaicas” en Extremadura; y “amenazan a nuestro sector industrial para renegociar los contratos bilaterales para repercutir ahí los beneficios que estamos retirando de las eléctricas para bajar las facturas de la luz de los hogares de nuestro país”.

Esto le sirvió para dejar claro que “vamos a utilizar todos los medios legales y democráticos a nuestro alcance para garantizar el bien común, para garantizar el interés general y para aplicar en toda su integridad el artículo 128 de la Constitución”, con el fin de hacer cumplir “lo que quiere el Gobierno de España, que es retirar los beneficios de las eléctricas para bajar la factura de la luz”.

Este precepto constitucional establece que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general” y “reconoce la iniciativa pública en la actividad económica”, facultando, mediante ley, a “reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”.