Su demanda la formula en un documento dirigido a las autoridades públicas donde compendia 30 recomendaciones para encarar con éxito la oportunidad que se abrirá con la llegada de los recursos europeos en tres ámbitos: regulatorio, gestión de las ayudas y contratación pública.

Para el organismo, la competencia es un activo en sí para lograr una recuperación “sólida, inclusiva y sostenible”, ya que “favorece a los consumidores de forma directa al conducir a menores precios, mayor calidad y variedad de los productos” y supone “un estímulo a la inversión, la innovación, la competitividad y la productividad, creando empleo y oportunidades de emprendimiento”.

“La competencia favorece el acceso a los bienes y servicios más básicos (productos farmacéuticos o sanitarios, alimentación, suministros, transporte, vivienda…) al menor coste posible”, expone, convencida de que es “clave” para el logro de los objetivos de la doble transición, ecológica y digital.

Para fomentarla apuesta por promover una regulación eficiente, con normas “necesarias y proporcionadas” que ayuden a alcanzar los intereses públicos perseguidos, “evitando la introducción de barreras a la competencia”.

“Deben evitarse medidas proteccionistas o que rompan la neutralidad competitiva cuando estas no respeten los principios de buena regulación”, agrega el organismo, abogando porque la regulación sea “objeto de planificación” y sean transparentes “para favorecer la predictibilidad y la seguridad jurídica y la capacidad de competir de pymes y autónomos en los mercados”.

En opinión de la CNMC, la regulación “debe ser objeto de evaluación previa y continua, a fin de adaptarla a cambios en las circunstancias y necesidades”, como también lo aconseja en materia de ayudas.

Al respecto apunta que las ayuda pueden promover una recuperación “más rápida, sostenible y duradera”, y se abre una oportunidad ahí con los fondos que llegarán de Europa, pero alerta sobre la adecuada gestión para no introducir “distorsiones e ineficiencias” que “perjudiquen la libre competencia y el bienestar económico general”.

Por ello, aboga por “reforzar la planificación y evaluación de las ayudas, antes y después de su ejecución”, promover la transparencia y concurrencia de empresas, especialmente pymes y autónomos, y utilizar mecanismos competitivos para su adjudicación siempre que sea posible.

En cuanto a la contratación pública recuerda su importancia por mover cuantías equivalentes a entre el 10 y 20% del PIB, por su capacidad de efecto arrastre para el conjunto de la economía y por la importancia que pueden tener para perseguir “otros objetivos estratégicos de contenido social o medioambiental, manteniendo como ejes fundamentales, igualmente, la lucha contra el fraude y la corrupción”.

Para que sea efectiva la CNMC aconseja “fijar parámetros que garanticen su objetividad”, apostar por la digitalización de la información a través de la contratación electrónica, con la consecuente mejora de transparencia para potenciales licitadores y establecer un marco “que garantice unas condiciones de competencia objetivas y no discriminatorias en la contratación pública”.

Además, pide potenciar la concurrencia del mayor número de operadores (en especial de las pymes), “apostando por la planificación del aprovisionamiento público, la publicidad proactiva, la anticipación de la información y el diseño de plazos efectivos de presentación de ofertas y de ejecución lo suficientemente amplios para permitir la correcta migración de los servicios por parte de las empresas adjudicatarias”.

En este campo, la CNMC ve necesario invertir en la “profesionalización” de los responsables de compras, proporcionándoles las herramientas necesarias, además de los medios humanos y la formación adecuada y brinda su apoyo como asesor a los poderes públicos sobre la competencia de sus actuaciones.