Según detalló la SEPI este jueves, estos asesores jurídicos y financieros vinculados al procedimiento del Fondo forman parte de las firmas “más prestigiosas” del mercado y se les asignarán los expedientes, “bajo la tutela de los responsables del proyecto”, a través de los correspondientes contratos.

Con el asesoramiento que recibe el Fondo, se asegura conforme a la SEPI un proceso de análisis de las solicitudes de apoyo recibidas “exhaustivo, profesional y transparente que garantiza el máximo rigor en la resolución que pone fin a cada expediente”.

El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas está dotado con 10.000 millones de euros para ayudar a compañías a reforzar su capital frente a la situación creada por la pandemia, siendo así una herramienta “clave” para proteger la actividad económica y el empleo mientras dure el impacto de la pandemia.

El asesor financiero que contrate SEPI verifica el cumplimiento de todos los requisitos de elegibilidad establecidos para poder acceder al fondo y analiza la suficiencia de las medidas planteadas en el plan de viabilidad.

El estudio de cada operación incluye el análisis de la situación preCovid de la empresa, del impacto de la pandemia y la suficiencia de las medidas planteadas en el plan de viabilidad.

Para dicho análisis, los expertos deberán estudiar también el sector al que pertenece la compañía, su posible evolución y las claves de competitividad para evaluar el alcance de la recuperación contrastando las previsiones de la compañía y los posibles escenarios para determinar la proporcionalidad del apoyo financiero solicitado y su capacidad de devolución de los fondos públicos otorgados.

El asesor jurídico se ocupará a su vez de realizar el proceso de ‘due diligence’ y que incluye la emisión de informe sobre las condiciones para ser beneficiario, incluyendo también las contingencias legales, laborales, y fiscales, o la revisión de la situación laboral y en materia de recursos humanos del solicitante de los fondos.

Además, los asesores jurídicos redactan y revisan los documentos y términos de los acuerdos y documentos contractuales para la concesión del apoyo financiero público temporal solicitado.