El sindicato resaltó que la regulación de la promoción de planes de pensiones por parte de las Administraciones Públicas está vigente desde el año 2002 y fue completada con un real decreto en el año 2004 con un reglamento que tomó como referencia la experiencia en el ámbito de la Unión Europea.
Desde ese año, indicó la organización sindical, la mayoría de las administraciones públicas realizaron aportaciones hasta 2011 cuando, con motivo de la crisis, se acordó la suspensión de dichas aportaciones. El sindicato demandó que se retomen las aportaciones después que los planes se volviesen a habilitar en 2018.

Con ese objetivo, la CSIF esgrimió que el Pacto de Toledo incluye entre sus recomendaciones “la necesidad de impulsar estos planes”, sustentados en el marco de negociación colectiva. Asimismo, el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia incluye a los sistemas complementarios de pensiones en el marco de las inversiones y reformas, según el sindicato.