En tres autos, el magistrado explica que de las diligencias de instrucción practicadas hasta el momento se desprende que existen indicios de la comisión de los hechos delictivos que se atribuyen a los investigados.

Recuerda que la instrucción se encuentra en la última fase y que los investigados podrán reiterar su petición si finalmente se acuerda proseguir la causa contra ellos por los cauces del procedimiento abreviado.

El magistrado entiende que, "a día de hoy, persisten los indicios de criminalidad que se tuvieron en cuenta" en el momento en el que fueron imputados. Este caso se comenzó a investigar en 2016, cuando Javier Pérez Dolset, fundador de Zed, presentó una denuncia contra sus socios por entender que su actuación podría catalogarse de absorción ilegal de empresas.

Un año después, la Audiencia Nacional imputó a propio Pérez Dolset y a varias personas más por un presunto delito de fraude de subvenciones, que habría generado un agujero de más de 100 millones de euros. Casal fue imputado por mediar en la obtención de subvenciones.

Además, la Fiscalía considera que Calvo-Sotelo pudo participar en “una suerte de connivencia por parte de algunos responsables de la Administración con facultad de resolver sobre la concesión de estas subvenciones, que pudieron haber acordado otorgarlas a pesar de su carácter fraudulento".