Según el departamento que dirige Manuel Castells, las medidas que este decreto quiere poner en marcha van en dos direcciones: digitalización y agilización de trámites. Una simplificación de los procedimientos administrativos que mantengan la calidad y los controles pero que sean útiles para todas aquellas personas que han de tramitar un procedimiento de homologación o equivalencias. Entre los principales objetivos de este decreto está favorecer la reducción en el trámite de las resoluciones hasta los 6 meses.

La norma establece plazos máximos para cada uno de los trámites del procedimiento. En el caso de las solicitudes de homologación de un título extranjero a un título universitario oficial español que permita el acceso al ejercicio de una profesión regulada, será necesario solicitar un informe a los Colegios Profesionales, que tendrán un plazo máximo de 10 días para emitirlo.

Asimismo, los informes de carácter técnico y vinculante que emitirá la Comisión de Análisis Técnico de Homologaciones y de Declaración de Equivalencias, deberán emitirse en un máximo de dos meses.

Además, en relación con el procedimiento de convalidación de estudios universitarios extranjeros, se establece un plazo máximo de dos meses para la resolución del mismo por las universidades.

Asimismo, prevé la creación de la Comisión de Análisis Técnico de Homologaciones y Declaración de Equivalencias, con el objeto de agilizar la resolución de los procedimientos de homologación y declaración de equivalencia.

Además, la comisión podrá solicitar informes, no vinculantes, sobre los conocimientos y competencias académicos y/o profesionales de las titulaciones a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), así como a profesorado universitario o a profesionales expertos.

Este real decreto establece que la totalidad de los trámites de los procedimientos de homologación y declaración de equivalencias serán efectuados por vía electrónica.