Los responsables del estudio indicaron que la "evolución del entorno empresarial ha provocado, en los últimos seis meses, una ampliación de los plazos con los que operan las empresas españolas en sus ventas a crédito de bienes y servicios".

Frente a esta evolución, la reforma de la Ley de Morosidad establecía para 2011 un plazo de pago máximo de 85 días, en el marco de un calendario transitorio para alcanzar los 60 días en 2013.

De acuerdo con los datos difundidos por este trabajo, sólo el 33% de las empresas españolas cumplía en octubre con los 60 días, frente al 42% registrado en mayo.

A pesar del empeoramiento de los plazos señalados por el estudio, el 12% de las empresas consultadas asegura que el nuevo marco normativo ha provocado una reducción de sus plazos de cobro.

Para un porcentaje muy similar, el 14%, el efecto ha sido el contrario: un aumento de sus necesidades de financiación. Para el 74% restante, el impacto ha sido "poco significativo".

Además, el estudio apunta que más de la mitad de las empresas españolas no aplica nunca los intereses de demora que permite la ley ante un incumplimiento de pago desde el año 2004.

De cara al futuro, las empresas consultadas para la elaboración del Estudio no prevén cambios "significativos" en los plazos de cobro con los que trabajarán en 2012.