Ésta es una de las conclusiones de un estudio en el que han participado 1.200 personas y que ha realizado el Consejo General de Enfermería para "conocer el sentir de los ciudadanos ante los problemas de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS)".

Respecto al copago, como una posible solución a la financiación sanitaria, un 53% de los encuestados estaría dispuesto a que se pusiera en marcha, siempre y cuando éste fuera creciente en función de la renta, aunque un 35% lo rechaza.

Establecer un ticket disuasorio, es decir, pagar de forma simbólica por recibir un servicio sanitario, es rechazado por un 44,2%, mientras que un 27,8% acepta esta medida para asegurar la sostenibilidad del SNS y otro 27% se identifica con ella.

Otro de los datos que arroja este barómetro sanitario es que el 60% de los encuestados también está a favor de que el Estado, como hace con los funcionarios, pague seguros privados que puedan costar menos que la sanidad pública, a quien los quiera.

También se ha preguntado sobre la posibilidad de que los jubilados paguen algo por las medicinas, una medida que rechazan un 66%.

Sobre la utilización de la sanidad pública y privada, el barómetro indica que el 62% de los encuestados que posee ambas modalidades opta por la privada y el 35,8% por la pública cuando tiene que ir a consulta, pero esa preferencia se invierte si tiene que ir a urgencias. En esa situación, el 60,3% de los encuestados acude a la sanidad pública y el 39% a la privada.

Esta circunstancia se repite a la hora de pasar por el quirófano. Si la operación no es grave, se opta por la sanidad privada, pero si es grave, se acude a la sanidad pública.

Los encuestado valoran la preparación de médicos y enfermeros, los medios disponibles y la atención dispensada, mientras que suspenden a la Sanidad Pública en gestión, en listas de espera y en financiación.