“Creo que serán pocas o ninguna la que no tome ninguna acción o no atienda a esta legislación, que será absolutamente respetuosa con las competencias, tanto en el ámbito autonómico como la autonomía local”, estimó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser cuestionada sobre el anuncio por parte de comunidades gobernadas por el PP de no aplicarla y donde negó que la ley vaya a ahuyentar a los inversores por ser intervencionista.

La ministra portavoz expuso que el Gobierno busca desarrollar el derecho “constitucional” a la vivienda y “atender una necesidad que es la de muchas personas, sobre todo los jóvenes, parejas, de personas que viven solas o personas trabajadoras que con su trabajo son incapaces de acceder a una vivienda por la imposibilidad de los precios del mercado”.

“Aquellas comunidades autónomas que en su momento decidan no atender esta necesidad real que se produce en aquellas personas que no pueden acceder a una vivienda tendrán que explicarse ante sus convecinos, ante sus ciudadanos, si no quieren adoptar medidas de este tipo”, agregó.

En alusión al riesgo de generar incertidumbre para los inversores, indicó que “éste es un país que está captando mucha inversión extranjera” y “los inversores internacionales que trabajan con el mercado invertirán allí donde crean que su dinero resulte más rentable”.

La ministra confió que la situación se mantenga y se incremente además en la medida en que los Presupuestos Generales de Estado para 2022 también son “inversores”, al incluir proyectos que fomentan la inversión. “Atraerán también otras inversiones y, por tanto, tranquilidad”, recetó.