A través de una proposición no de Ley, que será debatida mañana en el Pleno, Urquijo pedirá, en concreto, a la Consejera de Justicia y Administración Pública del Gobierno vasco que este “criterio general no sea burlado” en las convocatorias efectuadas por su departamento en materia de Paz y Derechos Humanos.

Urquijo asegura que en legislaturas pasadas "hemos asistido al bochornoso espectáculo de ver cómo el Gobierno vasco subvencionaba, -singularmente al amparo de programas convocados en materia de Paz y Derechos Humanos-, gastos de viaje para visitar a los presos de la banda terrorista ETA o financiaba a grupos, como 'Etxerat', que se dedicaban a dar amparo político a esa misma organización”.

Si bien, explica que la consejera consideró en junio “inadmisible desde el punto de vista ético” que el Gobierno contribuya “económicamente al sostenimiento de este tipo de personas y asociaciones”, a este respecto, advirtió que existen también “razones legales” que impiden que aquellos que realizan actos que entrañan descrédito, menosprecio o humillación a las víctimas del terrorismo accedan a subvenciones públicas.

“Estas razones fueron obviadas por los gobiernos nacionalistas pasados y no pueden ser ignoradas por un gobierno presidido por un partido que, en el pacto suscrito con el Partido Popular, ha hecho del respeto a la Ley y al Estado de Derecho sus señas de identidad”, subrayó Urquijo.

Finalmente, consideró “oportuno” un pronunciamiento de la Cámara vasca en esta “cuestión tan sensible” con el objetivo de que el Gobierno vasco pueda reponer en su actividad pública “el nervio ético necesario así como el respeto a la Ley tantas veces ignorado en el pasado”.