Así se expresó este viernes el presidente de la plataforma de la discapacidad, Luis Cayo Pérez Bueno, durante la apertura de la jornada de trabajo e intercambio con el personal de la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad y del Real Patronato sobre Discapacidad, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

La Convención de la Discapacidad “no debe ser solo inspiradora de las políticas y las legislaciones internas”, sino que “ha de ser y, de hecho, es imperativa, y no puede resultar ignorada u orillada por los poderes públicos nacionales, como si fuera factible elegir qué les obliga y qué no de ese tratado internacional”, aseguró Pérez Bueno.

La Convención de la ONU de 2006, enfatizó el presidente del Cermi, debe ser “invocada y convocada siempre”, en la formulación de la acción pública en materia de discapacidad, pero sobre todo “ha de ser puesta en práctica”. “No es un horizonte al que se debe tender, que también, sino una exigencia y un requerimiento permanentes”, subrayó.

En relación a los mandatos de la Convención, recalcó que algunos son muy radicales, en el mejor sentido de la palabra, pero que siempre “habrá resistencias, excusas, negativas o lo que es peor, palabras retóricas de aceptación”. Los centros y organismos rectores de las políticas de discapacidad en el Estado, como la Dirección General y el Real Patronato, han de ser en la “esfera gubernamental los bastiones de impulso y defensa de la Convención”, y en esa tarea, tendrán siempre de aliado al movimiento asociativo de la discapacidad, concluyó Pérez Bueno.