El director general de Oxfam Intermón, Franc Cortada, señaló en un comunicado que los Presupuestos contienen propuestas tributarias “insuficientes y poco ambiciosas”, sobre todo en el impuesto del patrimonio y en la imposición de las rentas de capital, por lo que el esfuerzo fiscal seguirá “recayendo” en “las familias y las personas trabajadoras” en lugar de “las empresas y el capital”.

El proyecto de cuentas estatales para 2022 propone que las empresas paguen un mínimo efectivo del 15% del impuesto de sociedades, pero Oxfam Intermón apuntó en un comunicado que este tipo se va a seguir calculando sobre “una base imponible agujereada por innumerables deducciones, exenciones y créditos fiscales que benefician especialmente a la gran empresa”.

“Para avanzar en un impuesto de sociedades más justo y equitativo son necesarios ciertos ajustes encaminados a cambiar la propia normativa nacional, por ejemplo, limitando al 90% las deducciones de dividendos y plusvalías en el exterior”, apuntó.

Además, consideró necesaria “una acción decidida para evitar el traslado artificial de beneficios por parte de las grandes empresas”.

En cuanto a los Fondos Europeos, el anteproyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2022 propone un techo de gasto de 196.142 millones de euros, de los cuáles 27.633 millones procederán de dichos fondos. “Es clave que se avance en una mayor transparencia de información sobre a qué sectores y a quiénes llegarán esos fondos y cómo se va a reducir la pobreza y la desigualdad a través de la ejecución de los mismos, asegurando que nadie queda atrás” dice Cortada.

En lo referente al gasto, Cortada apuntó que los Presupuestos “confirman un cambio de tendencia hacia una mayor inversión social” para dar respuesta a las necesidades derivadas de la pandemia y que, según apuntó, “en buena parte son el resultado de un modelo económico previo, insuficiente para garantizar un crecimiento inclusivo”.

“Es positivo ver que estos presupuestos no apuestan por la austeridad y el recorte del gasto público que se hizo como respuesta para salir de la crisis anterior. Pero, de nuevo, aún hay aspectos que mejorar y esperamos que esto suceda durante la negociación en el Congreso” añadió.

IPREM, DEPENDENCIA Y SMI

En cuanto a la subida por segundo año consecutivo del IPREM, índice de referencia que se utiliza para calcular las ayudas públicas, la ONG consideró que confirma un cambio de tendencia al alza que permitirá que más personas puedan acceder a subvenciones y ayudas públicas, pero insuficiente para evitar la pérdida de poder adquisitivo de quienes acceden a estas prestaciones, ya que este incremento anunciado podría quedar por debajo del aumento de precios.

Por otro lado, Cortada celebró la subida del 23% en el Sistema para la Autonomía y Ayuda a la Dependencia (SAAD) porque permitirá “una mayor y mejor cobertura de las necesidades de cuidados de las personas dependientes y sus familias”, si bien deseó que este incremento “venga acompañado de otras medidas, como la reducción de las listas de espera y la mejora de las condiciones laborales de quienes prestan estos servicios de cuidados, en su mayoría mujeres migrantes trabajadoras del hogar, muchas de ellas en situación administrativa irregular”.

Oxfam Intermón valoró el aumento de Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 965 euros al mes y advirtió que serán necesarios pasos ambiciosos en las progresivas revisiones de 2022 y 2023 para continuar la senda del incremento hasta alcanzar el 60% del salario medio antes del fin de la legislatura, tal y como determina la Carta Social Europea suscrita por España y como se prometió en el acuerdo del Gobierno de coalición.

En materia de juventud, Oxfam Intermón reclamó más esfuerzos que el sistema de bienestar hace por la protección del que es ya el segundo grupo de edad en mayor riesgo de exclusión social, sólo precedido por la infancia.

En este sentido, propuso que se les incluya en mayor medida como receptores de prestaciones no contributivas. Ajustes como destinar 2.000 millones de euros (el 2% del presupuesto total) de los fondos de recuperación que el Gobierno dice son para juventud al IMV permitiría a 350.000 jóvenes salir de la pobreza, según cálculos publicados por el Consejo de la Juventud de España.