Esa iniciativa forma parte de los compromisos adquiridos por el Gobierno en la Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental en España aprobada por el Consejo de Ministros en 2020, y aparece recogida en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

La composición, la organización y el funcionamiento de la Asamblea Ciudadana para el Clima están regulados en una orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La Asamblea consta de un panel de coordinación, formado por el Centro Vasco para el Cambio Climático (BC3) y la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS), que ejercerá de “secretariado oficial” y facilitará los trabajos técnicos, según apuntó este viernes la directora de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC), Valvanera Ulargui, en un encuentro virtual con periodistas.

Además, habrá un grupo de como máximo 20 expertos independientes, uno o dos portavoces y un equipo técnico independiente.

En principio, la Asamblea comenzará a rodar a finales del próximo mes de noviembre, según adelantó Ulargui, puesto que el proceso de selección de los ciudadanos aún no ha finalizado. Habrá cinco sesiones que se celebrarán preferiblemente en fines de semana y en formato virtual, con lo que el informe de recomendaciones podría estar listo en abril de 2022.

Los ciudadanos participantes tendrán que dar su consentimiento para participar en la Asamblea y recibirán una remuneración cercana a 650 euros.

‘¿CÓMO LO HACEMOS?’

El mandato girará en torno a la pregunta ‘Una España más segura ante el cambio climático, ¿Cómo lo hacemos?’, a partir de la cual se debatirá sobre la forma de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para hacer un país menos vulnerable a los riesgos y los impactos climáticos.

Habrá temáticas específicas con la perspectiva de que España sea climáticamente neutra a mediados de este siglo, es decir, que entonces las emisiones de gases de efecto invernadero que se expulsen a la atmósfera sean compensadas por sumideros naturales como bosques, océanos y mares.

Según Valvanera, la Asamblea supone “un ejercicio nuevo, innovador, de democracia”, que obliga a “consensuar soluciones” ante la emergencia climática, puesto que la mayoría de los ciudadanos no cuestionan ya el cambio climático.

Cuando finalice este mandato comenzará otra Asamblea Ciudadana para el Clima con nuevos participantes y que también lanzará recomendaciones al Gobierno y al Congreso de los Diputados.