Así lo avanzó este viernes la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en una entrevista en TVE recogida por Servimedia. “Trataremos de que ese tiempo se reduzca en el trámite parlamentario”, se conjuró Belarra, quien ya antes había tratado de calmar las suspicacias de ERC por haber quedado fuera de la negociación de vivienda pese a haber ido de la mano con Unidas Podemos en la presión al PSOE en este ámbito.

“Si hay alguien que tiene respeto por la mayoría que da apoyo al Gobierno y se esfuerza por cuidarla es Unidas Podemos”, aseguró Belarra, añadiendo que sin “precedentes” como el de la ley catalana de vivienda “habría sido imposible ir a esa negociación y mantenernos firmes” y que “la ley va a tener que seguir mejorándose en el trámite parlamentario” y en Unidas Podemos “siempre” van a estar “abiertas a que el texto mejore”.

Por lo demás, la líder de Podemos y jefa del equipo negociador de esta parte del Gobierno por lo que a la Ley de Vivienda respecta quiso insistir en que, mientras se elabora el índice de precios, “en ese tiempo los grandes propietarios también van a tener que congelar precios”. Además, resaltó que, pese a que la eventual bajada de precio afectará sólo a los grandes propietarios que sean personas jurídicas y en zonas tensionadas, “se va a contener la burbuja del alquiler en todas partes”, puesto que la congelación afectará también a los pequeños y, con los incentivos que les ofrecerá el Gobierno, “a los pequeños propietarios les va a salir a cuenta bajar los precios”.

Respecto a que al final serán las comunidades autónomas y los ayuntamientos quienes tendrán la potestad de declarar o no zonas tensionadas donde poner tope al precio del alquiler, Belarra dijo confiar en que “va a haber un efecto contagio que va a hacer que incluso las comunidades autónomas del PP tengan que aplicar la ley”, porque les sería difícil explicar que renuncian a bajar el alquiler a sus ciudadanos después de que otros gobiernos regionales hayan aprovechado la oportunidad. Por último, la ministra reivindicó una vez más el “avance cultural sin precedentes” que supone el que, por primera vez, una ley proteja el derecho a una vivienda reconocido en la Constitución.