En el programa electoral que la dirección nacional del PP elaboró en mayo, aseguraba expresamente que quería "reformar el Código Penal ampliando y endureciendo los tipos penales relativos a corrupción, adecuando las sanciones para cargos y empleados públicos para que sean ejemplarizantes, proporcionadas y disuasorias".

Esta modificación legislativa, recogida por Servimedia de aquel programa electoral, llamaba especialmente la atención en las elecciones autonómicas y municipales, dado que las comunidades y ayuntamientos poco o nada pueden hacer desde sus competencias para conseguirlo.

La reforma del Código Penal tendría que tramitarse en las Cortes Generales, por lo que se esperaba que la promesa que el PP hizo en mayo se repitiera en el programa de las elecciones generales que se ha dado a conocer esta misma semana.

Sin embargo, la medida aparece bastante matizada en el documento redactado para las elecciones generales del 20-N. Ahora sólo habla de "reforzar la respuesta del ordenamiento jurídico a las conductas delictivas constitutivas o relacionadas con la corrupción".

Hace seis meses, el PP también prometió en la campaña electoral de mayo "ampliar los plazos de prescripción de esos delitos (de corrupción), endurecer las penas por denuncias falsas y mejorar la protección de los empleados públicos que denuncien actividades fraudulentas o corruptas".

Igualmente, presentaba como "necesaria una reforma procesal que permita el enjuiciamiento rápido de esos supuestos para permitir el normal funcionamiento del proceso político", sin sufrir demasiadas interferencias por escándalos de corrupción, como el "caso Gürtel" descubierto esta legislatura.

En cambio, el programa electoral de Mariano Rajoy abrevia estas promesas en apenas dos líneas y media: "Aseguraremos su rápido enjuiciamiento. Mejoraremos la protección de los empleados públicos que denuncien actividades fraudulentas o corruptas".

VARIAS PROMESAS SUAVIZADAS Y OMITIDAS

La hoja de ruta que Mariano Rajoy ofrece a los ciudadanos en las elecciones del 20-N suaviza e incluso omite otra media docena de promesas que el Partido Popular adquirió en mayo en los comicios autonómicos y municipales, cuando estaba en juego el gobierno de las comunidades y ayuntamientos.

Una de ellas era la de "adecuar los horarios de los centros escolares de Educación Infantil y Primaria para adaptarlos a la jornada laboral de los padres" y que ahora, con vista a las generales, queda reducida a "promover la flexibilización de los horarios en el trabajo y en los centros escolares".

En materia de mejora de los gobiernos, el PP prometía desde las comunidades y los ayuntamientos "promover el uso de la subasta como procedimiento ordinario de adjudicación y contratación". Pero desde el Gobierno central sólo asegura que mejorará "significativamente la transparencia en los procedimientos de contratación administrativa, reforzando la competencia y la publicidad de todas las actuaciones".

Asimismo, hay cuatro medidas concretas que el PP prometía en los comicios de mayo, a pesar de tener relación con las competencias de la Administración General del Estado, pero de las que no hay ni rastro en el programa para las elecciones del 20 de noviembre.

"Incorporaremos el criterio de renta per cápita familiar en todos los baremos de las ayudas públicas para que tengan en cuenta el número de miembros de la familia", decía el anterior programa. "Reforzaremos la presencia policial en nuestras calles y nuestros barrios". "Centralizaremos en un único número la atención al ciudadano, eliminando redundancias y favoreciendo la coordinación".

Ninguna de estas tres promesas aparecen recogidas en el programa del PP para las elecciones generales. Tampoco hay mención a la puesta en marcha de "planes integrales de atención a la salud mental" o al acceso de pacientes a "unidades de cuidados paliativos", a pesar de que la iniciativa correspondería al Gobierno central.

Pese a los matices introducidos y la omisión de algunas promesas que el PP redactó en mayo, hay otras reformas que Mariano Rajoy pretende llevar a cabo la próxima legislatura y que se reproducen con las mismas palabras que en el programa para el 22 de mayo.

Es el caso de las televisiones autonómicas, sobre las que, como en mayo, promete "impulsar las reformas legislativas necesarias para que las administraciones autonómicas y locales tengan libertad para adoptar nuevos modelos de gestión de las televisiones públicas dando entrada a la participación privada".