Con este mensaje se quiere poner de manifiesto que la salud mental es un derecho de ciudadanía y que cualquier persona está expuesta a padecer problemas relacionados, lo que implica la necesidad de “una mayor inversión en recursos para atenderla de forma adecuada.

Según el presidente de Feafes Andalucía Salud Mental, Manuel Movilla, “esto implica aumentar la inversión pública para fomentar la atención comunitaria y el abordaje integral de los problemas de salud mental más complejos” y que “las administraciones concedan a este tema la importancia que merece".

Apuntó que los recursos destinados a salud mental eran “ya insuficientes antes de la pandemia” de Covid-19, pero “tras ella, se hace más urgente que nunca dotar a todos los ámbitos implicados de los recursos necesarios”.

Por ello, reclamó que Andalucía se prepare e impulse medidas que den respuesta a las nuevas necesidades de la población surgidas a raíz de la pandemia, pues “la última ola va a ser la falta de salud mental”.

Varias encuestas muestran que alrededor de un tercio de las personas adultas reporta niveles de ansiedad, tasa que llega a ser de 1 de cada 2 personas en la población más joven.

Con todo, Movilla apuntó que “estas nuevas necesidades no deben implicar la desatención de los problemas más graves y crónicos de salud mental, que ya eran atendidos con cierta dificultad”, y alertó de que, como consecuencia de este aumento, “se puede colapsar el sistema por completo”.

Jesús Maeztu mostró su apoyo y compromiso con una mejora de la atención en salud mental, y manifestó su preocupación porque es un fenómeno “que sigue creciendo y que todavía está muy oculto”, sobre todo, en cuanto a la infancia y la adolescencia”.

En su opinión, la reforma psiquiátrica de la década de los 80 “se ha quedado a medias, y sus consecuencias se están viendo ahora”, cuando ante la eclosión de la pandemia “son necesarios más recursos, sobre todo más psicólogos”, y programas para la prevención del suicidio.

DEMANDAS

La federación andaluza requirió de forma urgente reforzar la red de salud mental del sistema público andaluz con un incremento de profesionales y recursos para poder potenciar y ampliar los equipos de atención interdisciplinar en el ámbito comunitario y domiciliario.

También insistió en dar respuesta a las personas con problemas de salud mental y adicciones, a las personas sin hogar y a las internas en centros penitenciarios ordinarios, y señaló la prioridad de impulsar un Plan de prevención de conductas suicidas, principalmente ahora que el suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte en los jóvenes, por delante de los accidentes de tráfico.

Otra de las reivindicaciones que señala la federación andaluza es la de facilitar la inserción laboral de las personas con problemas de salud mental e impulsar desde la administración pública políticas que lo favorezcan. Además, apostó por fomentar entornos laborales en los que se cuide la salud mental de todas las personas.

Al encuentro también asistieron los vicepresidentes de la Federación, Carmen Sibaja y Blas García; y el portavoz del Comité Por Salud Mental de Andalucía, Javier Moreno.