Según una nota de prensa enviada por la organización, “la limitación de precio de los alquileres apenas tendrá efecto”, así como el recargo del IBI, porque “su aplicación es voluntaria para las comunidades autónomas y los ayuntamientos”, con lo que Madrid y Andalucía, en manos del PP, “no harán caso alguno”.

Además, entienden que no se aclara el concepto de zonas tensionadas, que suelen encontrarse en el centro de las ciudades y en donde los grandes propietarios suelen ser la excepción, siendo dueños de los inmuebles rentistas con menos de 10 propiedades.

Anticapitalistas cree que, aunque las competencias de vivienda están transferidas, el Gobierno podría imponer una Ley Marco que fijara unos mínimos. Además, considera que el gran tenedor debería fijarse a partir de tres viviendas, en tanto que el “bono joven” para el alquiler a través del cual se entregarán 250 euros a jóvenes con rentas inferiores a 23.000 euros sólo provocará un proceso inflacionario, aumentando más el precio de los alquileres y subvencionado con fondos públicos a los rentistas. Según sus cálculos, “casi tres millones de personas viven a costa de especular con un bien básico como la vivienda”, y 2,1 millones tienen entre cinco y diez pisos en propiedad.

Para el partido escindido de Podemos, “el Gobierno debe decretar de inmediato la prohibición indefinida de los desahucios, obligando a los propietarios a poner en marcha alquileres sociales”, “limitar legalmente el precio del alquiler de todas las viviendas a un precio que no supere el 30% de la renta media del barrio”, ”incorporar todas las viviendas vacías de la Sareb, el banco malo rescatado con fondos públicos no devueltos, al parque público de vivienda", y “expropiar las viviendas vacías de bancos y fondos buitre”.