Así lo defendió en declaraciones a Cuatro recogidas por Servimedia y en las que se mostró “muy contento” con el acuerdo, por la “función social que representa”.

“Nosotros hacemos los acuerdos, del que, además, estamos muy contentos, por la función social que representa, y lo hacemos dentro del entramado jurídico que tiene delimitado la Constitución y, lógicamente, son las comunidades autónomas las que tienen la capacidad de intervenir sobre esas competencias”, puntualizó, convencido de que “lo lógico es que se acojan a este tipo de posibilidades”.

En este punto, afirmó que el “problema” del alquiler “ocurre sobre todo en las grandes ciudades, allí donde hay una densidad de población más importante, pero tiene una afectación clave en términos de país”.

“Hablamos de personas jóvenes, con unos salarios que suelen ser enormemente precarios y que, prácticamente, tienen imposible la misión de poder acceder a una vivienda”. “Eso significa otras muchas cosas, como no poder formar una familia, como no poder hacer un proyecto de vida y esto es transversal”, sentenció, al tiempo que reiteró que “le ocurre a los jóvenes que votan a los partidos de derechas y a los jóvenes que votan a los partidos de izquierda”.

En este sentido, lamentó que haya partidos políticos que, “con tal de ir contra el Gobierno, puedan intentar estar en contra de estas posiciones”. “Yo creo que desde la administración pública hay que ofrecer soluciones y este acuerdo es un acuerdo que ofrece soluciones para bajar los precios de un bien que es un derecho, que aparece recogido en la Constitución como tal y que, por lo tanto, tiene que protegerse en ese sentido”, sentenció.

Con respecto a la vivienda social, aseveró que “uno de los problemas que tenemos arrastrado desde hace muchos años es una cierta cultura de la propiedad”, que, a su entender, “ha hecho, además, que el Estado no haya ayudado a la emancipación de las personas jóvenes con viviendas asequibles a los salarios, para poder emanciparse en un sentido completo y social de la vida”.

Una situación que, dijo, “hay que corregir” poniendo “a disposición”, del stock de viviendas disponible para la población “un porcentaje” de viviendas públicas que, “por su propia definición, no van a tener el interés que puede tener un promotor privado de maximizar el beneficio”. “Viviendas públicas, de función social, para proporcionárselas a personas que en el mercado libre no van a poder acceder, desde luego, por los precios tan elevadísimos que hay”, agregó.

“Este es un modelo que tenemos que ir proponiendo e instalando porque, al fin y al cabo, estamos hablando de un problema generacional muy grande”, manifestó, convencido de que “no hace falta argumentar demasiado, porque todos lo vemos a nuestro alrededor y en nuestros barrios”. “Hay una parte de la población minoritaria que puede tener muchísimas viviendas y las pone en alquiler con una figura casi de rentismo, cobrando por ellas, pero la inmensa mayoría de la población, desde luego, lo que tiene que hacer es acceder o a una vivienda en propiedad hipotecando su vida o a unos alquileres que son, en muchos casos, desorbitados e imposibles de pagar”, resolvió.