Según informó la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), las distintas administraciones deben unos 1.300 millones de euros a centros y empresas de todo el país, con lo que “están poniendo en riesgo la viabilidad del proyecto del Estado de bienestar, las empresas, los puestos de trabajo y la estabilidad del servicio que prestamos a nuestros usuarios”.

“Exigimos el pago inmediato de los impagos”, apunta la FED, que expresa su ansiedad y preocupación ante la situación crítica del sector. En muchos casos, según la federación, los retrasos superan el año, cuando son las mismas administraciones las que fijaron los plazos.

A las protestas asistirán también familiares de personas que viven en residencias y presidentes y responsables de los centros, que leerán un manifiesto de denuncia para trasladar su mensaje a la sociedad.