Así lo indicó Batet en un comunicado, tras el fallo del Tribunal Constitucional en el que da la razón a Vox y se pronuncia contra los acuerdos de la Mesa del Congreso que suspendían el cómputo de los plazos reglamentarios que afectaban a las iniciativas en tramitación y los plazos de prescripción y caducidad de los procedimientos administrativos del Congreso.

En concreto, aclaró que durante ese periodo se puso “especial atención” a las iniciativas parlamentarias relacionadas con la declaración y prórroga del estado de alarma, las comparecencias del Gobierno y la convalidación de Reales Decretos-leyes. A su vez, hizo hincapié en que el control parlamentario nunca fue suspendido, y que, en ese periodo de 18 días hábiles se respondieron más de 1.000 preguntas de los diputados.

Batet manifestó el “absoluto respeto y acatamiento” de esta sentencia y recordó que dicho acuerdo se adoptó como la ampliación del voto telemático, del horario y las posibilidades de registro por correo electrónico, con el propósito de hacer posible la continuidad de la actividad parlamentaria y el cumplimiento de las restricciones de las autoridades sanitarias en una situación de pandemia.

Asimismo, destacó en este comunicado que el acuerdo tuvo lugar una semana después de haberse producido la suspensión de una sesión plenaria del Congreso a petición del grupo parlamentario recurrente, que había comunicado su decisión de cumplir una cuarentena por el positivo en Covid-19 de uno de sus miembros, y unos días después de que otros órganos constitucionales, entre ellos el propio Tribunal Constitucional, tomaran decisiones similares.

Además, puso de manifiesto que este acuerdo tuvo una duración “limitada”, ya que el 7 de abril de 2020 la Mesa acordó su finalización con efectos del día 13 de abril, por lo que solo tuvo eficacia durante 18 días hábiles y circunscrita en el ámbito parlamentario a los plazos aplicables a la presentación de enmiendas a las iniciativas legislativas y al cómputo de los relativos a las iniciativas de control escrito.

También reiteró que la finalidad de estas decisiones fue mantener las funciones constitucionales del Congreso que, a diferencia de otras cámaras legislativas, siguió reuniéndose sin que se produjera la interrupción de su funcionamiento ni, en concreto, la suspensión de ninguna otra sesión plenaria.

Al respecto, dejó claro que el Congreso siguió reuniéndose durante estos días en sesiones plenarias, en dos ocasiones en el mes de marzo con sendas comparecencias del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; en cuatro sesiones plenarias en cada uno de los meses de abril y mayo, en nueve sesiones en junio y en seis en el mes de julio. Asimismo, puso en valor que las diferentes comisiones se reunieron hasta en 80 ocasiones en ese período de sesiones, de las cuales destacó las 16 de la Comisión de Sanidad y Consumo.