Esta es una de las principales conclusiones de la ‘Encuesta Empresarial Círculo 2021’ elaborada por el Círculo de Empresarios a unos 840 empresarios antes del verano y presentada junto con la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie).

Los directivos consideran en un 80% de los casos que la gestión de la crisis provocada por la Covid-19 por parte del Gobierno ha sido “mala” o “muy mala". No obstante, el presidente del grupo de trabajo que ha elaborado la encuesta, Miguel Iraburu, señaló que una mayoría de empresarios considera que los ERTE y las líneas de crédito ICO han sido instrumentos “eficaces o muy eficaces” contra la crisis, con un 73,6% y un 59,5% de aprobación, respectivamente.

Por el contrario, más de la mitad de los encuestados consideran que las subvenciones directas, que “en una parte importante no están asignadas a ninguna empresa” y las prestaciones a autónomos por “llegar bastante tarde” han sido medidas ineficaces, aunque es el Ingreso Mínimo Vital (64,2%) el que ha contado con un mayor rechazo en cuanto a su eficacia.

En cuanto a las perspectivas de futuro de su negocio, un 46% cree que va a crecer su facturación en comparación con niveles previos a la pandemia y un 58,5% considera que va a aumentar la demanda en su sector de referencia.

No obstante, uno de los motivos que podría frenar esta recuperación, según los empresarios, es la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que, según el presidente del Círculo de Empresarios, Manuel Pérez-Sala, “perjudica a los intereses de los ciudadanos” ya que su estimación es que pueda producirse la “pérdida o la imposibilidad de creación de entre 60.000 y 130.000 puestos de trabajo”.

La subida del SMI es una de las medidas impactan de manera negativa para más empresarios (71%), solo por detrás del control de precios de alquileres (79,5%). Por el contrario, la mitad de encuestados considera positiva la prolongación de los permisos de paternidad y un 45% valora positivamente la fiscalidad medioambiental.

Respecto a la gestión de los fondos de recuperación, un 96% de los empresarios cree que hubiese sido “muy necesaria” la presencia del sector privado en la selección de proyectos y un 88% considera igualmente la necesidad de que hubiese existido un “comité asesor independiente” para este asunto.

REFORMAS

En cuanto a las reformas necesarias para salir de la crisis, los empresarios ponen el acento en la educación, pues un 60% considera necesario un pacto educativo. En concreto, las tres medidas en este ámbito más demandas por los encuestados son el desarrollo de una Formación Profesional Dual (70%), la puesta en valor del emprendimiento desde la educación primaria (51,6%) y la adecuación de la oferta de títulos al mercado (46%).

Asimismo, Iraburu subrayó que el sistema es “tan inflexible” que los empresarios se muestran “reticentes” a apostar por el contrato indefinido, por lo que habría que realizar una reforma laboral “completa” y no en el sentido “que prescriben algunos responsables de la tarea”.

Los directivos también consideran necesaria una reforma fiscal con un plan de lucha contra el fraude (65 % de los encuestados) y una bajada del impuesto de sociedades unida a una supresión de algunas deducciones (43,3%).

COMPETITIVIDAD

En el bloque de los factores de competitividad, Iraburu subrayó que los aspectos negativos más destacados por los empresarios son el deterioro de la calidad institucional (86%), la carga regulatoria (82%), la seguridad jurídica (67%), la independencia judicial (66,7%) y la ‘marca España’ (65,4%).

Cuestionado por el primer factor, Iraburu destacó, por un lado, que la “confrontación política es extrema y no tiene visos de mejorar” y, por otro, que “el cuestionamiento por parte de algún partido político de las instituciones españolas” dificulta que “fondos extranjeros tengan la oportunidad de invertir en algunas empresas españolas”.

En cuanto al impacto negativo de la ‘Marca España’, el miembro del Círculo de Empresarios incidió en que los empresarios opinan que ha habido “un deterioro muy importante” en los últimos tiempos. Por su parte, Pérez-Sala achacó este deterioro a “decisiones que ha tomado el propio gobierno” y señaló, como ejemplo, “la confiscación del beneficio eléctrico”.