Así lo indicó Bal en rueda de prensa en el Congreso, donde aclaró que pide esta “lealtad” en el sentido de que no deje de hacer nada que facilite la puesta a disposición de la justicia española de Puigdemont, un “prófugo” de la justicia de España que, además, se vanagloria de reírse de España y de poner en cuestión el “buen nombre” de este país en el extranjero.

Asimismo, lamentó que lo que está haciendo el Ejecutivo “no parece que responda” precisamente a estos principios de “lealtad y neutralidad”, ya que, según Bal, está utilizando la Abogacía del Estado, para poner “en tela de juicio” si se encontraba en vigor o no la orden europea de detención.

Al respecto, destacó que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena lo dejó “absolutamente claro”, por ello, destacó que les parece que el Ejecutivo ha hecho un uso “político y partidista” de una institución que es “de todos”.

“Yo no hubiera firmado ese escrito, a lo mejor me hubieran cesado otra vez”, ironizó, al tiempo que tachó de “muy grave” que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pase de decir que iba a traer él mismo a Puigdemont a España a “usar” la Abogacía del Estado. En este sentido, alertó de que este hecho ha provocado un “hondo malestar” en el Tribual Supremo.

Por ello, para conseguir que la imagen exterior de España no resulte “dañada”, Bal exigió al Gobierno esa “neutralidad” institucional, esa “lealtad” con las instituciones y que deje de “usar” a la Abogacía del Estado con “interés puramente político” y respete las decisiones del Poder Judicial.

Asimismo, esperó que el Ejecutivo no “obstaculice” la entrega de Puigdemont a España en el caso en que se produjese y que apoye en el Parlamento Europeo una iniciativa de Ciudadanos para que se “refuerce” la orden europea de detención y entrega de Puigdemont para que no se produzcan acontecimiento que “ponen en peligro” la “buena imagen” internacional de España.