Puigdemont compareció ante el tribunal después de haber sido detenido en la isla de Cerdeña hace dos semanas y puesto en libertad para que pudiera cumplir con sus obligaciones como europarlamentario, en espera de la vista que se ha celebrado hoy.

Precisamente este lunes, el juez instructor del ‘procés’, Pablo Llarena, ha remitido al Tribunal de Sassari una providencia en la que le comunica que las euroórdenes dictadas por el Tribunal Supremo español contra los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí siguen vigentes, al igual que la dictada contra Carles Puigdemont. Y, por tanto, deben ser detenidos. Ambos ha acompañado al expresidente a la isla.

Llarena, como ya hizo la semana pasada en relación a Puigdemont, explica en su escrito al tribunal de Sassari, en la isla italiana de Cerdeña, que las OEDs relativas a estos encausados están contenidas en misma comunicada el 30 de septiembre de 2021 respecto de Carles Puigdemont.

La comunicación se ha realizado a la vista de que el artículo 9.1 de la Decisión Marco 2002/584/JAI, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, recoge que “cuando se conozca el paradero de la persona buscada, la autoridad judicial emisora podrá comunicar directamente a la autoridad judicial de ejecución la orden de detención europea”, pero tiene presente al tiempo que la noticia no ha podido ser confirmada por la autoridad judicial española.

El instructor de la causa del ‘procés’ envió la pasada semana un oficio al Tribunal de Apelación de Sassari en el que insistía en reclamar la entrega de Puigdemont con el argumento de que la Orden Europea de Detención y Entrega (OED) librada el 14 de octubre de 2019 contra Puigdemont sigue vigente aún estando pendiente la resolución de la cuestión prejudicial planteada en su día ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El abogado del expresidente catalán, Gonzalo Boye, sostiene que su detención es ilegal porque esa euroorden está suspendida en tanto no haya una decisión del TJUE sobre la inmunidad de Puigdemont como europarlamentario.

Ahora, la Fiscalía de Sassari se inclina por paralizar el proceso en tanto no se resuelva la cuestión prejudicial presentada por Llarena al TJUE. También quiere que la justicia europea se pronuncie sobre la inmunidad de Puigdemont. Su defensa presentó el pasado viernes ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) un recurso en el que solicita que se le reponga la inmunidad parlamentaria.