Este colectivo subrayó que en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, además de una subida del 17,4% de las cuantías del denominado mínimo de protección, se incorpora la recuperación del nivel acordado con una cuantificación aproximada de alrededor de 600 millones de euros.

A pesar de ello, lamentó que en 2020 la financiación estatal se canalizó únicamente a través del nivel mínimo, un guarismo que alcanzó más de 1.390 millones, frente a los más de 7.517 millones

Sin embargo, durante 2020 la financiación estatal se canalizó exclusivamente a través del nivel mínimo alcanzando este más de 1.390 millones de euros, el 15,6% del sistema de dependencia, frente a los más de 7.517 millones aportados por las comunidades autónomas, el 84,39% del gasto total.

“Es obvio que en el año de la Covid-19 alguien ha considerado otras prioridades”, sentenciaron los directores de Servicios Sociales.

Este colectivo alertó sobre la “acusada desigualdad territorial” en esta materia, como lo pone de manifiesto el hecho de que País Vasco (2.552 euros), Extremadura (2.058), Navarra (1.719) y Castilla y León (1.634) sean las comunidades donde más se invierte en dependencia, mientras que Galicia (868), Canarias (968), Asturias (1.051) y Cantabria (1.193) sean los territorios donde menos recursos se destinan.

A su vez, cuatro comunidades redujeron en 2020 el gasto anual invertido en la atención a personas en situación de dependencia respecto a 2019: Cantabria, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y La Rioja.

Por su parte, el gasto medio por persona beneficiaria durante 2020 ascendió a 7.991 euros. Sin embargo, se aprecian grandes diferencias entre unas comunidades autónomas y otras, siendo País Vasco la que más recursos destina (12.480 euros), y Andalucía la que menos aporta (6.251).

El gasto medio por persona beneficiaria durante 2020 ascendió a 7.991 euros. Sin embargo, se aprecian grandes diferencias entre unas comunidades autónomas y otras.

Por último, los directores de Servicios Sociales llamaron la atención ante el hecho de que un total de 55.487 personas que estaban en las listas de espera de la dependencia fallecieron en 2020, 21.005 de las cuales estaban pendientes de resolución de su grado de dependencia y 34.370 todavía no habían podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia.