En una entrevista en la Cadena SER recogida por Servimedia, Díaz abogó por que “las negociaciones tienen que ser pausadas”, cosa que contrapuso a “una cultura muy masculina de llevar al límite las negociaciones” porque se presupone que “una negociación es buena cuando es intensa”; en esta línea, admitió que “seguramente pasa en mi partido”, pero que “no debe ser así”. En líneas generales, postuló que “este Gobierno tiene que ser útil a la gente y tenemos que ir a medidas de reformismo fuerte”.

Sobre los temas que aún siguen en litigio entre el PSOE y Unidas Podemos, reiteró que “la vivienda es un tema fundamental” y que ella no acaba de “entender por qué no queremos bajarle el precio al alquiler”. Más tarde se quejaría de que España es “el único país” donde el empeño de poseer viviendas en propiedad se impone al alquiler, y enjuició que las bonificaciones fiscales a la compra “han servido justamente para seguir disparando el precio del alquiler”. Por tanto, defendió “medidas que permitan bajar el precio de la vivienda y que no se sujete a especulación”, y se mostró optimista: “Estoy convencida de que vamos a llegar a un acuerdo”.

Respecto a la proposición de ley de derecho a la vivienda elaborada por colectivos sociales y que hoy registrarán en el Congreso Unidas Podemos, ERC, EH Bildu y otros habituales aliados del PSOE, Díaz justificó que “los grupos parlamentarios tienen dinámicas propias” y que “los ciudadanos tienen derecho a saber qué piensan los partidos, sin ruido”, y “por qué el PSOE no quiere tomar medidas para bajar los precios del alquiler”. Eso sí, aseguró que el Grupo Socialista ya conocía este texto y que Unidas Podemos lo iba a apoyar. En materia fiscal, admitió “discrepancias” pero defendió el 15% mínimo del Impuesto de Sociedades porque “tiene una cantidad de deducciones y bonificaciones que haga que baje al 3%”, así como bajar impuestos a los pequeños autónomos.

A la misma hora, Nacho Álvarez, apuntó en otra entrevista en Rne, también recogida por Servimedia, que ambas partes del Gobierno trabajan “para tener listos los Presupuestos lo antes posible”, pero subrayó que “lo importante es que no hagamos el trabajo a medias, que lo hagamos bien”. En concreto, porque piensa que estas cuentas públicas “tienen que ser un punto de inflexión” para problemas que estaban ahí antes de la epidemia, como la desigualdad, las pensiones, la transición ecológica, la temporalidad laboral y el precio del alquiler. “Esperamos que en los próximos días podamos cerrarlos a la mayor urgencia posible. Pero insisto, los deberes hay que hacerlos bien”, priorizó.

PRIORIDADES

Álvarez no quiso hablar de líneas rojas, en la línea de otros portavoces de Unidas Podemos, pero sí de “cumplimiento de los acuerdos”, y en este sentido recordó los dos que ya ha firmado con el PSOE para regular el alquiler, algo que ya “no se puede retrasar”. Lo vinculó al proyecto de Presupuestos y no a una norma aparte porque “la negociación de los PGE es una negociación de las prioridades políticas de un Gobierno, y la ley de vivienda es una prioridad política”.

Sobre la proposición de ley de los colectivos de vivienda, justificó que “los partidos tenemos la responsabilidad de canalizar hacia el Congreso la voz de los colectivos, de la sociedad civil organizada, aunque no estemos siempre de acuerdo en todo”. Finalmente, comentó que “sin duda sería útil un referéndum” como el que el domingo celebró Berlín, en el que el 60% de los ciudadanos votaron a favor de expropiar viviendas vacías de grandes tenedores. “Las viviendas no son simplemente activos financieros para inversores. Debe garantizarse y primarse el acceso a las viviendas por encima de ese bien de mercado”, dictaminó.

Respecto al 15% efectivo de Impuesto de Sociedades, lo presentó también como una cuestión “crucial”, y recordó que la defienden más de 130 países en el marco de la OCDE para acabar con la elusión fiscal de las grandes empresas. En el otro extremo, postuló el IVA superreducido para los productos de higiene femenina.

Por último, el también secretario de Economía de Podemos defendió que los Presupuestos “deben garantizar la capacidad adquisitiva tanto de funcionarios como de pensionistas”, como “han hecho en los últimos años, y la previsión es que sigan haciéndolo”, porque “es un compromiso firme y muy conocido de este Gobierno”.