En su escrito, los representantes de los trabajadores advierten sobre la necesidad de evitar “un escenario manifiestamente incómodo” para los usuarios del SEPE, y apuntan que en la reunión, la ministra “debería ofrecer a la plantilla soluciones inmediatas a la carencia de efectivos, e implementar recursos tecnológicos que les permita una mayor agilidad para gestionar la actual carga de trabajo además del incremento que se va a producir con motivo de la ampliación de los ERTE”.

En concreto, los sindicatos consideran que “a las altísimas cargas de trabajo que ha generado la crisis sanitaria -que cuadruplican las existentes a 30 de junio de 2019- se añaden la descapitalización de efectivos en estos últimos años y el alarmante número de jubilaciones que se están produciendo entre la plantilla ante la incertidumbre de la reforma de las pensiones y la alta edad media de la misma”.

De esta forma, para las tres organizaciones, “estas tres cuestiones, unidas a la obsolescencia de las aplicaciones y sistemas informáticos del SEPE que se han puesto en evidencia a lo largo de este último año y medio, influyen negativamente en la calidad del servicio que se ofrece a la ciudadanía”.

Sobre la pérdida de efectivos, los sindicatos recordaron que en los últimos diez años el SEPE ha perdido 3.4000 efectivos estructurales, a los que se suman 1.500 interinos incorporados por la pandemia, de los que 500 fueron cesados en junio, otros 500 saldrán al término de septiembre, y los 500 restantes lo harán en diciembre, por lo que esta dinámica “incrementa aún más si cabe la presión a la que está sometida el conjunto de la plantilla desde hace ya demasiado tiempo”.

Por ello, advierten que “las cargas de trabajo van a continuar en unos ratios muy elevados” y vislumbran “un panorama desolador para la plantilla del SEPE, que ha estado en la primera línea de esta emergencia social desde el primer minuto, sin dar ni un solo paso atrás”.

En este sentido, los sindicatos subrayaron que, a lo largo de 2020, el SEPE prestó atención a más de 8,5 millones de personas desempleadas, gestionando para ello 36.000 millones de euros, con una plantilla que no superaba los 8.000 trabajadores.