Ante la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, Ibarra apuntó que las comunidades autónomas deben adoptar “un rol responsable”, pues “no puede ser que solo las comunidades ‘de frontera’ tengan que asumir toda la situación”.

Afirmó que, “en general, vemos graves vulneraciones de los derechos del niño cuando hablamos de infancia migrante, sobre todo si son menores no acompañados”. “Los hechos graves que hemos visto en Ceuta no deberían volver a suceder”, subrayó.

En su opinión, este plan de contingencia tendría que garantizar asistencia letrada a todos los menores no acompañados que llegasen a España, fomentar la coordinación autonómica y prever qué “ocurrirá con aquellos niños cuyo interés superior sea quedarse en el territorio nacional, por vivir en entornos muy complicados en Marruecos”.

En cambio, Ibarra se felicitó por entender que este curso “finalmente se ha resuelto la situación enquistada de cientos de menores en Melilla ” y se “ha reconocido su derecho a la educación”. Criticó que “pese a que se sabía que estos niños tenían su residencia efectiva en Melilla, llevaban más de tres años sin escolarización”.

Según explicó Ibarra, la Plataforma de Infancia trabaja desde hace tiempo con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la elaboración de una Estrategia Nacional para la Infancia Migrante, que confió en que “pueda aprobarse dentro de pocas semanas o meses”.

Además, reclamó la modificación urgente del reglamento de la Ley de Extranjería para que se permita a los menores extranjeros que han sido tutelados por la Administración obtener un permiso de residencia al cumplir los 18 años, a fin de que puedan trabajar o formarse si es su deseo. “Llevamos tiempo trabajando junto al ministerio en ello, pero no termina de aprobarse”, lamentó.

Asimismo, valoró de forma muy positiva la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, aunque señaló que "existen carencias en su diseño y despliegue”, debido a “la complejidad burocrática y a la falta de participación del Tercer Sector”.

Entre estas, lamentó las dificultades de acceso para las familias numerosas con más de cuatro hijos y para las compuestas por jóvenes menores de 23 años, y pidió que la percepción de esta ayuda no signifique perder las rentas mínimas de las comunidades autónomas, “como a veces está sucediendo”.