El sentido de otorgar rango de ley a las disposiciones fiscales adoptadas por las Juntas Generales es que, de esa forma, no podrían ser recurridas por procedimiento contencioso administrativo ante los tribunales ordinarios por cualquier particular, sino sólo ante el Tribunal Constitucional. La propuesta, que fue aprobada en el Parlamento Vasco el 29 de junio de 207 por 74 votos a 1, la explicó en el Congreso una delegación del Parlamento vasco formada por Ricardo Gatzagaetxebarria (PNV), Miren Gallastegui (PSE) y Antonio Damborenea (PPE).

En general, los portavoces de los grupos parlamentarios que se mostraron favorables a la propuesta argumentaron que las competencias fiscales en el régimen foral vasco, que está reconocido por la Constitución y el Estatuto de Gernika, corresponden a las Juntas Generales, no al Parlamento Vasco, y que por tanto es justo que adquieran el mismo rango de ley que tienen las normas de la misma índole aprobadas por las comunidades autónomas, en lugar del de reglamento.

Sin embargo, Rosa Díez, en representación de UpyD, se mostró contraria a “blindar una norma injusta", una “desigualdad entre españoles” y una ruptura de “la unidad de mercado y la unidad de todos los españoles”, y propuso que, si se pretende que las normas fiscales tengan rango de ley, se arrebaten a las Juntas Fiscales y se entreguen al Parlamento vasco. UPyD, por medio del diputado autonómico Gorka Maneiro, formalizó el único voto en contra de esta propuesta cuando se aprobó en Vitoria. El PP votó a favor, de ahí que los diputados vascos se ausentaran del pleno de hoy en el momento de apretar el botón.

La postura oficial del PP la expuso el diputado por Toledo Antonio García Tizón, quien aseguró que la defensa de la foralidad ha sido siempre un rasgo distintivo de su partido, pero que “hay un factor que distorsiona e impide votar a favor”, y es que “se asocia a la aprobación de los presupuestos del Estado". “Podremos encontrarnos en el futuro”, afirmó, pero “no se puede hacer de esta ley el punto de conexión para la aprobación de presupuestos imposibles para un momento tan difícil como el que vivimos”.

Entre los delegados del Parlamento vasco, Gatzagaetxebarria aseguró que las facultades financieras del régimen foral tienen soporte en la Constitución, el Estatuto de Gernika y la ley del concierto económico, y que la potestad reside en las Juntas Generales, no complementando, sino sustituyendo la competencia estatal o autonómica al respecto.

En representación del PSE, Gallastegui negó las “apreciaciones de uso partidista”, porque, cuando la iniciativa salió de Vitoria, “nadie planteaba la negociación presupuestaria”.

También recordó la llamada “paz fiscal” firmada en enero de 2000 entre los gobiernos de José María Aznar y el de Juan José Ibarretxe, para “evitar la judicialización de las normas forales; un acuerdo de buena voluntad que habría que “alejar de circunstancias de oportunidad” aprobando la propuesta que se estaba discutiendo.

Finalmente, por el PPE, Antonio Damborenea argumentó que “parece lógico que los ciudadanos y empresarios vascos tengan la misma seguridad jurídica que el resto de españoles” en cuanto al IRPF, y los impuestos de Sociedades y Patrimonio.

Afirmó que los vascos pagan el IRPF más alto de España y que Guipúzcoa es el único territorio que paga el impuesto sobre el Patrimonio, porque así lo ha decidido la Junta. “No estoy de acuerdo con ello”, terminó, “pero sí con que la competencia siga residiendo en la Junta”.

FIJACIONES DE POSICIÓN

En la fijación de posición de los grupos parlamentarios, Aitor Esteban (PNV) rechazó las acusaciones de oportunismo, afán de protagonismo o uso del concierto como elemento de confrontación que se vertieron contra su partido cuando el Gobierno de Ibarretxe promovió iniciativas como ésta, y dijo que, en esta, “el lehendakari ni está ni se le espera”.

Además, dijo que los socialistas apoyan ahora el concierto, “no porque les haga mucha gracia, sino porque no les queda otro remedio”, recordó que la toma en consideración no significa el apoyo final a la propuesta y, en este sentido, afirmó que el PNV no aceptará que su tramitación se retrase o se desnaturalice.

Por su parte, Uxue Barkos (NaBai) acusó al PP de tener “reservas viscerales” hacia el concierto, recordando que lo han definido como “antigualla”, y acusó a García Tizón de no aclarar si su voto iba a ser en contra o una abstención.

Francisco Jorquera (BNG), defendió que en el concierto vasco no hay “competencia desleal”, porque “se ha respetado la presión fiscal equivalente”, y que”la autonomía fiscal, para ser real, debe acarrear la toma de decisiones autónoma”. Por eso comprometió su voto favorable no sólo a la toma en consideración, sino a todo su contenido en la tramitación.

Joan Ridao (ERC) dijo que “sólo los hados han querido que esta cuestión pueda mezclarse con el debate presupuestario”, y rechazó que se cedan las competencias fiscales al Parlamento vasco porque ello colisionaría con el Estatuto, que “reserva unas competencias a Juntas Generales que no puede invadir el Parlamento”.

A su vez, Jordi Jané (CiU) defendió que el concierto “tiene mucho que ver con País Vasco y con el sistema que nos hemos dado, que las disposiciones de las Juntas Generales, por no tener rango de ley, están “más desprotegidas”, y que ”nadie podía prever en el Parlamento vasco que llegaría ahora”. Además alertó contra la costumbre de votar a favor de la toma en consideración de las propuestas incómodas y luego archivarlas en la “nevera”.

Cerró la ronda Txiki Benegas en representación del PSOE, recordando la supresión de los fueros de las “provincias traidoras” de Vizcaya y Guipúzcoa cuando el ejército franquista tomó el País Vasco y defendiendo que “el concierto es fruto de la historia de España” y “no tiene por qué ser un privilegio si se hacen las cosas bien”. Benegas negó que la propuesta debatida fuera un blindaje “porque las leyes forales podrán recurrise ante el Tribunal Constitucional o ante la UE”. “Lo que reclamamos”, sostuvo, es que las disposiciones de las Juntas Generales “tengan las características de impugnación que tienen el resto de normas fiscales”.