El partido de Inés Arrimadas recuerda que la citada Ley determinó que el alto comisionado de las Cortes Generales fuera elegido por votación favorable de las tres quintas partes de los miembros del Congreso y, posteriormente, fuese ratificado en un plazo máximo de 20 días por esta misma mayoría en el Senado.

De no alcanzarse la citada mayoría, esta Ley estableció que podría ser elegido como Defensor del Pueblo el candidato que hubiera alcanzado una mayoría favorable de tres quintas partes en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado.

En este sentido, Ciudadanos señala todos los que han ejercido el cargo de Defensor del Pueblo habían desempeñado previamente cargos de representación política, al tiempo que apunta que la “fragmentación política” y la “polarización” están posibilitando el “bloqueo” en la renovación de los órganos constitucionales.

Asimismo, lamenta que los procedimientos de elección de los miembros de los órganos constitucionales han acabado “facilitando” un sistema de cuotas a través del cual los grupos parlamentarios designan a personas cuya “independencia e imparcialidad” se encuentra “en entredicho” por motivos “fundados desde el primer momento”.

PROPUESTA CIUDADANOS

Ante esta situación, Ciudadanos propone establecer el concurso de méritos como procedimiento para la elección del alto comisionado de las Cortes Generales, un sistema de designación donde se garantizar una evaluación de la “idoneidad” previa de los aspirantes y la “concurrencia” en condiciones de “igualdad” de cualquier ciudadano que cumpla los requisitos para ser nombrado Defensor del Pueblo.

También pretende modificar las mayorías necesarias para hacer esta designando, fijando una votación favorable de las tres quintas partes de los miembros del Congreso y del Senado en todo caso, e introduce una cláusula de desbloqueo, por tal de garantizar la renovación de este órgano constitucional y evitar “interinidades prolongadas”.

A su vez, con esta propuesta Ciudadanos introduce nuevas causas de inelegibilidad para desempeñar el cargo, relacionadas con el desempeño previo de cargos de carácter político, con el objetivo de garantizar su “independencia” frente a posibles “presiones o intereses” durante el desarrollo de las funciones del Defensor del Pueblo.