Así lo ha manifestado este miércoles el presidente del Círculo de la Sanidad, Ángel Puente, tras el anuncio de esta nueva subida del SMI hasta los 965 euros mensuales y que el Ejecutivo aprobará, previsiblemente, en el Consejo de Ministros del próximo martes, 28 de septiembre.

Se trata de un aumento que no va acompañado de un incremento proporcional de las cuantías de las contrataciones de las Administraciones Públicas, que continúan congeladas y sin acogerse a ninguna actualización desde, al menos, 2018 en muchos casos.

“Desde el Círculo de la Sanidad no solo compartimos la decisión del Gobierno de subir el SMI, sino que lo consideramos un avance necesario. Sin embargo, pedimos coherencia, pues esta decisión tiene importantes consecuencias para las empresas y la Administración no puede permanecer al margen, debe hacer un esfuerzo por contar con las empresas adjudicatarias de contratos públicos y repercutir esta subida en estos acuerdos”, señaló.

Por este motivo, desde el Círculo de la Sanidad piden al Ejecutivo que se proceda a la revisión de los costes de las contratas públicas, para que esta subida del SMI no sea absorbida en su totalidad por las empresas que prestan servicio a las Administraciones Públicas y se puedan tener en cuenta las actualizaciones del incremento del IPC, “algo que hasta ahora no es viable según la Ley de Desindexación de la Economía”, apuntó Puente.

“A día de hoy, las empresas de logística proveedoras de servicios de salud están soportando la exponencial subida de la factura de la luz e incrementos de hasta un 20% en el gasoil que no pueden trasladar en estos contratos, como tampoco pueden hacerlo con las subidas del IPC”, apostilló.

En este sentido, Puente recordó que en los últimos años se ha incrementado el SMI en casi un 30%, sin contar esta última subida, “un aumento que, si no se repercute en los contratos públicos, de la misma forma que se hace en otros sectores, abocará a estas empresas a una situación económica insostenible”, concluyó.