En la presentación del Barómetro de ATA de septiembre, Amor indicó que el único cambio que propondrán en la reunión que mantendrán este miércoles con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones será una modificación en “los períodos de cómputo para la caída de la actividad”.
Desde ATA, consideran que “hasta el 31 de enero, se tienen que prorrogar estas ayudas para los autónomos que todavía no han logrado la recuperación a su negocio y lo necesitan”. Amor subrayó el dato del barómetro presentado de que entre los que son beneficiarios de las ayudas “el 87% estaría dispuesto a volver a solicitarlas”, así como que uno de cada cuatro autónomos considera que la recuperación no va a llegar hasta el año 2023 o 2024.
Por otra parte, sobre el cambio que realizó el Gobierno con las ayudas directas, Amor señaló que “va a beneficiar a las empresas con pérdidas contables o autónomos societarios, pero no al autónomo persona física” y explicó que las empresas ya no tendrán que demostrar tener morosidad a fecha del 30 de septiembre, sino solo pérdidas contables, lo que, para el presidente de ATA, va a ayudar a incrementar “moderadamente” el nivel de solicitudes.

No obstante, preguntado por las principales causas de denegación, Amor señaló que hay muchos autónomos que han perdido actividad, pero que “no tienen facturas de gasto”, uno de los requisitos para obtener las ayudas.
Respecto a esta cuestión, el presidente de ATA aseveró que el autónomo “está obligado a llevar libros de ingresos y gastos, que tienen que estar sellados por Hacienda” para cualquier inspección. “Si la intervención de las comunidades autónomas permitiera que se pudiesen justificar las ayudas con los libros de ingresos y gastos, estas llegarían a muchos autónomos, pero dudo que esta sea una posibilidad”, afirmó.
Para Amor, el decreto de ayudas, tanto en su origen como en su modificación, “se ha olvidado de los autónomos” y es “muy poco coherente” porque “demuestra el desconocimiento de la heterogeneidad y realidad de nuestro tejido empresarial”. Un ejemplo de ello, destacó el presidente de ATA, es que los autónomos y pequeñas empresas no pueden pagar con estas ayudas “aplazamientos a Hacienda o a Seguridad Social”.