Ossorio dijo que la Comunidad de Madrid se convierte así en la primera comunidad en adaptar estas novedades introducidas por el Gobierno central.

Las modificaciones afectan, por un lado, al plazo en el que se generaron los costes subvencionables, que ahora deberán haber sido generados entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 (anteriormente, hasta el 31 de mayo).

Por otra parte, se extiende el objeto de subvención que ahora incluye la compensación de los costes fijos ya abonados y las pérdidas contables propias de la actividad empresarial que no hayan sido ya cubiertas con las ayudas directas u otras ayudas. Además, se introduce un importe mínimo de la ayuda de 4.000 euros en determinados supuestos, salvo que la solicitud fuera por un importe inferior, entre otros cambios.

La nueva redacción del texto está recogida en la disposición final tercera del Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes relacionadas con la subida del precio del gas y la electricidad.

Por otro lado, afirmó que la convocatoria de la Comunidad de Madrid cuenta con un presupuesto total de 899 millones, de los que 220 millones son fondos propios y el resto del Estado. Incluye un total de 176 sectores productivos -frente a las 95 del Gobierno central-, como peluquerías, centros de estética, autoescuelas, farmacias, guarderías o el sector del transporte, entre otros.

Indicó que la Comunidad de Madrid fue la primera región en abrir la convocatoria el pasado 1 de mayo, que finalizó el 31 de julio. En ese período se recibieron un total de 37.554 solicitudes de las que ya se abonaron 21.836, es decir, el 58% del total. El resto se encuentra en fase de tramitación, que requiere el cruce de datos con la Agencia Tributaria. El importe pagado hasta la fecha alcanza los 410,4 millones de euros.

Ossorio recordó que la Comunidad de Madrid denunció reiteradamente que el real decreto estatal estaba mal diseñado y ralentizaba la llegada de los fondos, tanto por la rigidez y complejidad de los requisitos como por la falta de transparencia.

El pasado 22 de julio, el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, envió una carta a la vicepresidenta Primera y Ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, alertándole de la necesidad de reformular dicho real decreto, como finalmente se ha aprobado, para que las ayudas pudieran llegar a las empresas que están atravesando momentos de dificultad.