Además, se proponen como cuestiones más relevantes, el asesoramiento legal gratuito, la asistencia psicológica gratuita, la imposibilidad de cambio de puesto de trabajo o protección del denunciante ante presiones de sus superiores, desde el establecimiento del secreto durante todas las actuaciones por una entidad independiente, de nueva creación, como ocurre en la Comunidad Valenciana con la Agencia Antifraude.

Dicha entidad independiente tendría la función de velar por el cumplimiento del estatuto del denunciante.

Además, Más Madrid propone que su nombramiento se efectúe mediante votación en la Asamblea regional de entre la terna presentada por asociaciones civiles vinculadas al ámbito de la lucha contra el fraude y por la transparencia.

Oliver dijo que “la corrupción es uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos en nuestra región desde hace ya décadas".

Consideró que “las diferentes tramas que nos han atravesado (Gürtel, Púnica, Ciudad de la Justicia…) han tenido un efecto devastador sobre las arcas públicas, pero también sobre la confianza que los ciudadanos y empresas depositan en nuestra administración”.

A su juicio, “uno de los mayores problemas que presenta la corrupción institucional es que quienes participan de ella suelen ser los responsables de las personas que pueden denunciar los hechos, produciendo que los denunciantes se vean sometidos habitualmente a humillaciones y degradaciones que a menudo acaban obligando a alejarse de la función pública”.

Afirmó que "esta situación tiene que cambiar, por ello esta ley es indispensable para dignificar las instituciones”.

Con esta ley se pretende dar cumplimiento y ampliar las garantías que vienen derivadas de la aprobación de la Directiva Europea 1937/2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea.

Recordó Oliver que todos los expresidentes de la Comunidad de Madrid de entre 2003 y 2018 están siendo investigados por la trama Púnica.

“Esto tiene que cambiar y por ello proponemos, no sólo dotar un marco jurídico seguro para aquellos que se atreven a denunciar la corrupción, sino que vamos más allá creando un organismo independiente que asegure la investigación hasta el final de prácticas antijurídicas de quienes tienen la responsabilidad de nuestras administraciones”, concluyó.