Varias organizaciones han denunciado al Gobierno de España ante el Tribunal Supremo por falta de ambición climática, una iniciativa que cuenta con más de 48.000 adhesiones.

La movilización de este viernes, apoyada por cerca de un centenar de organizaciones, se celebrará en al menos 22 localidades, concretamente Alcalá de Guadaira, Alcázar de San Juan, Algeciras, Alicante, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Castellón de la Plana, Granada, Huelva, Madrid, Málaga, Oviedo, Palma, Pamplona, Petrer, Salamanca, San Sebastián, Santa Cruz de Tenerife, Santiago de Compostela, Vigo y Vinaròs.

Las entidades convocantes exigirán medidas inmediatas, concretas y ambiciosas en respuesta a la actual crisis climática, pues subrayan que el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) muestra que el cambio climático avanza con consecuencias cada vez más severas en todo el planeta.

"Según el último informe del IPCC, lo que hagamos en esta década será decisivo y se hace fundamental que los países multipliquen sus esfuerzos", apuntaron este martes en Fridays for Future-Juventud por el Clima, antes de añadir: "La crisis climática es una injusticia global: los territorios que menos contribuyen a la misma son los que más sufren sus consecuencias".

En Rebelión por el Clima apuntaron que "no trata sólo de clima”, sino de "la ciudadanía haciendo valer su derecho a una tutela judicial efectiva". "Se trata de la ciudadanía obligando al Tribunal Supremo a proteger nuestros derechos, a hacer su trabajo", recalcaron.

"Hemos recurrido a la justicia como una herramienta de lucha más”, comentó Lorena Ruiz-Huerta, abogada de Greenpeace y del 'Juicio por el Clima', quien agregó: "Al ver que las movilizaciones masivas no hacían cambiar las políticas del Gobierno, hemos pedido ayuda a la justicia para que obligue al Gobierno a cumplir con sus compromisos internacionales adquiridos. La lucha contra el cambio climático es imprescindible para garantizar el derecho fundamental a tener una vida digna de las generaciones presentes y futuras”.

España no es el primer Estado en llevar un caso de este tipo ante un Tribunal Supremo. En Alemania, Francia y Países Bajos se han llevado casos muy similares.