La referida declaración institucional fue aprobada a propuesta de los Ministerios de Igualdad; de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación; de Justicia; del Interior; de Derechos Sociales y Agenda 2030; y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En el texto se pone de manifiesto que “la explotación sexual y la trata de mujeres, niñas y niños con fines de explotación sexual representan una forma de esclavitud moderna que utiliza a las personas en situación de mayor vulnerabilidad como simple mercancía, violando de forma flagrante los derechos humanos”, lo cual debe ser combatido por los poderes públicos, según la normativa internacional, desde un “enfoque integral y multidisciplinar”.

También indica que “la mayoría de las víctimas detectadas a nivel mundial, también en los países del llamado primer mundo, son objeto de trata con fines de explotación sexual, y la inmensa mayoría son mujeres y niñas, lo que evidencia que existe una incuestionable dimensión de género de la trata”.

Luego de recordar la normativa aprobadas sobre esta cuestión, el Gobierno reiteró su “sólido compromiso con la igualdad de género, los derechos de todas las mujeres y niñas y la erradicación de la explotación sexual y la trata de seres humanos”.

Por último, ratificó su apuesta por “medidas integrales que, mediante la colaboración y cooperación entre todas las administraciones, instituciones y organizaciones especializadas, promuevan la prevención, la atención y recuperación de las víctimas de trata con fines de explotación sexual desde un enfoque de derechos humanos”.