El tribunal indica que “nada hay” en el escrito de petición que permita concluir la concurrencia de circunstancias de especial urgencia que requiere una petición de medida cautelarísima, y tampoco se alegan nuevos argumentos respecto a los planteados en una petición de suspensión cautelar formulada en 2020 que ya fue rechazada por la Sala en mayo de ese año.

Al mismo tiempo que desestima la medida cautelarísima, el tribunal acuerda tramitar el incidente cautelar por el procedimiento ordinario, en el que se da audiencia al Gobierno como autor de la resolución impugnada antes de decidir.

En todo caso, el auto del tribunal recuerda que “la pretensión ahora accionada debe examinarse dejando constancia que en el presente recurso se procedió ya a una petición de medida cautelar, que fue decidida por Auto de 28 de mayo de 2020, en el que se denegó la suspensión de la resolución impugnada, al considerar que, conforme a la reiterada jurisprudencia de esta Sala para supuestos similares al presente, la entrega de ciudadanos a los que se ha declarado la procedencia de la extradición ya ha sido declarada por el Tribunal del Orden Penal, que en el presente caso había acordado la prisión preventiva”.

“De ahí que”, añade el auto, “al momento de dictarse aquella resolución, el recurrente se encontraba en ignorado paradero, lo cual dificultaba la ejecución del acto impugnado y el riesgo precisamente contrario al invocado en favor de la medida cautelar, es decir, que se frustrara la ejecución de dicho acto, caso de la desestimación del recurso contencioso-administrativo; y ello sin perjuicio del quebrantamiento de la orden de estar a disposición del Tribunal Penal que había decretado su libertad al revocar la orden de prisión inicial”.

NO ES URGENTE

Señala a continuación que “a la vista de esa preliminar condición, es lo cierto que nada hay en el escrito de petición que permita concluir en la concurrencia de dicha especial urgencia y tampoco cabe concluirla de las alegaciones que se hacen en dicha petición, que están referidas a los presupuestos generales de adopción de medidas cautelares que, en el esquema de la petición efectuada, sería una cuestión subsiguiente a la procedencia del procedimiento sumario de este incidente que viene condicionado por esa especial urgencia”.

En el sentido expuesto, la Sala “no llega a comprender la petición que se hace respecto de la suspensión de una resolución, la orden de entrega, cuando ya se había denegado la medida cautelar en el auto ya mencionado y se suplica dicha adopción por vía procedimental sumaria, sin invocar peculiaridad alguna de las circunstancias de las que deducir esa preliminar circunstancia”.

“Bien es verdad que la medida cautelar puede suplicarse en cualquier estado del procedimiento, conforme autoriza el artículo 129 de la Ley procesal, no obstante, por pura lógica jurídica, cuando ya se ha denegado una primera petición, reiterar la petición obliga a invocar nuevos argumentos, exigencia que está implícita en el mandato que se impone al Tribunal de lo Contencioso en el artículo 132.2º de la Ley procesal. Pero mayor exigencia, como se ha dicho, sería necesaria cuando esa reiteración de la medida ya denegada, se pretende canalizar por la vía de las medidas cuatelarísimas”, concluyen los magistrados.

Además, el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón tiene citado para declarar este lunes al que fuera jefe de Inteligencia del Gobierno venezolano conocido como ‘El Pollo’ Carvajal. Su comparecencia se enmarca en unas diligencias relativas a un caso de terrorismo internacional y cuando está pendiente culminar el proceso de extradición a Estados Unidos, que lo reclama por delitos de tráfico de drogas y armas.

La citación se produce tras la oferta realizada por la defensa de Carvajal al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 al que, dice, puede aportar datos sobre distintos procedimientos abiertos por acciones de las FARC y de ETA.

EEUU le reclama por su presunta vinculación con el cártel de los Soles que se dedicaba al tráfico de drogas entre los años 1999 y 2019. En concreto las autoridades norteamericanas le acusan de blanqueo de capitales, narcotráfico y colaboración con las FARC durante el tiempo en que tuvo responsabilidades en los Gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Carvajal fue detenido la pasada semana por la Policía Nacional en un piso del barrio de Arturo Soria de Madrid. La Audiencia Nacional suspendió cautelarmente la entrega a Estados Unidos en espera de que el Ministerio del Interior resuelva su petición de asilo.

El exjefe de Inteligencia del Gobierno venezolano presentado un recurso ante el Ministerio de Interior contra la decisión de esta cartera de denegarle el asilo solicitado, alegando que es víctima de una persecución política, misma razón que esgrime para evitar ser extraditado a Estados Unidos. Interior asegura que esa petición ya fue denegada.