El tribunal ordena dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes.

Los recurrentes consideran que la norma impugnada carece del presupuesto habilitante del artículo 86.1 de la Constitución referido a la extraordinaria y urgente necesidad. El recurso del PP sostiene que no había "urgente necesidad" para la tramitación de esta ley y acusa al Gobierno de "hurtar" al Congreso su labor.

Vox considera que “el Gobierno ha hecho un uso abusivo del artículo 86 de la Constitución y, al igual que el PP, que ha usurpado a la Cámara Legislativa de su función de legislar, utilizando la figura excepcional del real decreto ley, que es excepcional, sin que esté justificada”.

Insiste, además, en que el Gobierno no ha escuchado a los afectados antes de legislar y en que esta norma limita la “libertad” de los repartidores para “elegir, combinar y compartir con otros trabajos”, como hacían hasta ahora.