La Mesa de la Diputación Permanente rechaza informar a IU sobre la legalidad del escudo antimisiles

MADRID
SERVIMEDIA

La Mesa de la Diputación Permanente del Congreso rechazó hoy la petición hecha el pasado día 20 por IU para que los servicios jurídicos de la Cámara Baja emitieran un informe jurídico sobre la legalidad de la tramitación extraparlamentaria del depliegue del escudo antimisiles en Rota.

Según explicó la vicepresidenta primera del Congreso, Teresa Cunillera, serán las Cortes Generales "que salgan de las elecciones" las que tendrán que pronunciarse sobre el final de las negociaciones iniciadas por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

El nuevo Parlamento deberá debatir y aprobar, en su caso, la revisión del tratado o el nuevo convenio que estipule las condiciones de uso de la base militar de Rota.

Cunillera, del Partido Socialista, indicó que el rechazo ha sido unánime y que "mientras las negociaciones están en marcha, las Cortes no tienen nada que decir".

La petición, suscrita también por el BNG, considera que una autorización del Gobierno que no haya pasado por el Parlamento "vulnera la Constitución", que establece la preceptiva autorización en la Cámara para los tratados de carácter militar.

Pero además, el portavoz de IU, Gaspar Llamazares denunció en su día una "vulneración política" de lo aprobado en el referendum sobre el ingreso en la OTAN de 1986, y una efectiva integración de España en la estrategia militar de Estados Unidos.

El referendum autorizó el ingreso de España en la OTAN y lo condicionó a la progresiva reducción de efectivos militares norteamericanos en el país, que con la instalación del escudo crecerán.

Además, establecía la prohibición de que España se integrara en la estructura militar de la OTAN, condición que, según IU, no sólo no se ha respetado, sino que directamente pone al país al servicio de la estrategia militar de Estados Unidos.

En el escrito dirigido a la Mesa de la Cámara Baja, IU y el BNG pedían aclaración sobre si la comunicación del Gobierno al Congreso del acuerdo "es acorde a derecho". Querían saber también si esa falta de autorización parlamentaria previa la convierte en una decisión "nula de pleno derecho" y si es admisible el "atropello de los preceptos constitucionales y reglamentarios que rigen la autorización de convenios internacionales de carácter militar". IU no descarta acudir a los tribunales para "paralizar" el despliegue "por vías judiciales".

(SERVIMEDIA)
27 Oct 2011
SGR/CLC