Con estas medidas, que se suman a las rebajas fiscales aprobadas a finales del mes de junio, el Ejecutivo trata de hacer frente a la continua escalada del precio de producción de la electricidad en España, que ha llevado a alcanzar una serie de récords históricos que sitúan el precio del megavatio hora (MWh) por encima de los 150 euros, cerca de cuatro veces más que hace un año.

Todo apunta a que el Gobierno puede aprobar nuevas medidas fiscales que se sumarían a la suspensión del impuesto a la generación eléctrica del 7% que en principio estará vigente hasta el final de 2021, de la misma manera que la rebaja temporal del tipo del IVA aplicado a la electricidad, que bajó del 21 al 10%.

Entre las medidas, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto demográfico trabaja también en la revisión de la tarifa regulada, el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), en concreto para reducir su vinculación directa con el precio mayorista de producción, incluyendo otros indicadores y fijando periodos temporales para su revisión, lo que dará más estabilidad al recibo.

También contempla la ampliación de la protección social mediante la aprobación del suministro mínimo vital. Esta medida, incluida en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, aportará una protección adicional a los consumidores vulnerables, al impedir que se les corte el suministro eléctrico durante cuatro meses adicionales a los cuatro meses ya contemplados en la normativa vigente en caso de impago y de acuerdo con los servicios sociales.

MERCADO MAYORISTA

Otra de las líneas de trabajo consiste en reducir el volumen de la energía que participa en el mercado mayorista, de modo que éste se convierta "en un mercado de ajustes paralelo a otros sistemas de determinación del precio que beneficien directamente a los consumidores”. Entre ellos, prevé la regulación de los mercados de capacidad y almacenamiento “para evitar que, como ocurre ahora, las centrales de ciclo combinado de gas vendan a precios de escasez”.

Por otro lado, con relación a la producción hidroeléctrica y el aprovechamiento de los embalses, Transición Ecológica quiere evitar que esta tecnología marque el precio del mercado eléctrico y para ello quiere ordenar el uso del agua embalsada no solamente como un recurso de contenido económico que pueda ser turbinado, sino como un recurso ambiental de primer orden y con una incidencia social de primer orden.

De forma paralela, el Gobierno ha lanzado una nueva subasta de renovables y el Congreso de los diputados está tramitando dos proyectos de Ley, el que actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico para reducir los “beneficios caídos del cielo” y el que crea el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que reducirán progresivamente el recibo final de los consumidores, hasta un 15% en el caso de los hogares cuando se apliquen en su totalidad.