Bolaños, en su exposición ante los diputados del decreto ley que el Gobierno quiere convalidar, realizó una comparación respecto a la salida de la crisis actual respecto a la de hace unos años. “La salida de la anterior crisis fue lenta, injusta e incompleta. Esta salida de la crisis está siendo rápida y justa”, destacó.

En este sentido, el ministro subrayó que la “etapa de recuperación que ya hemos iniciado” se debe por las acciones del Ejecutivo, frente a los de la anterior crisis en la que los españoles asistían “con preocupación” al Consejo de Ministros “esperando un nuevo recorte cada viernes”.

Mientras, en esta crisis, “los españoles están encontrando en los Consejos de Ministros un alivio durante los peores meses de la pandemia, y una esperanza para el futuro, ahora que encaramos la recuperación”.

Tras estas palabras, el ministro expuso que la prórroga del escudo social fijada en el decreto que se está debatiendo en el Congreso, ha permitido que más de 1.190.000 personas hayan visto reducida su factura, en aplicación del descuento en la factura eléctrica al ampliar el concepto de consumidor vulnerable a personas en situación de desempleo, afectados por un ERTE o que cumplan determinados requisitos de renta, de tal forma que puedan beneficiarse de un bono social eléctrico.

Además, Bolaños presumió de que con esta medida se garantiza que puedan seguir teniendo agua, electricidad y gas natural en sus casas, los españoles que no puedan pagar dichas facturas.

MENOS DE LA MITAD DE DESAHUCIOS

Expuso también que, con esta norma, el Gobierno se ha ocupado del derecho a una vivienda digna, protegiendo de los desahucios y los cortes de suministro a las familias más vulnerables.

Así, comparó que, mientras 2013 se practicaron, según la información publicada por el CGPJ, unos 67.000 desahucios en España; en 2020, se practicaron 29.000, menos de la mitad.

La garantía de suministro de agua, electricidad y gas natural a los consumidores vulnerables y en riesgo de exclusión; es decir, a las familias con ingresos inferiores a 11.900 euros anuales si no hay menores, y 19.800 euros si tienen hasta dos menores.

Bolaños resumió que el “escudo social”, prorrogado hasta octubre, “protege a más de 1.100.000 personas” que tienen “dificultades económicas que la pandemia agravó, pero que cuentan con todo el apoyo del Gobierno de España”.