En un acto de partido en Murcia, Gamarra denunció que “el precio sigue subiendo” y “el Gobierno sigue recaudando”, y por eso “no hay ninguna medida que adopte el señor Sánchez” pese a que la luz ya está un 270% más alta que hace un año y afecta no sólo a las familias, sino a las pequeñas empresas, que han pasado de pagar entre 700 y 900 euros al mes a entre 1.700 y 1.900, según ejemplos que citó. “El Gobierno ya ha recaudado más de 3.000 millones desde el último año”, se quejó.

La portavoz parlamentaria reiteró las medidas con las que su partido aspira a bajar un 20% la factura: eliminación del impuesto de producción energética, que el IVA quede fijado en el 10%, que “las partidas que no tienen nada que ver con el coste de la energía que consumimos pase a estar en los Presupuestos” y que “lo recaudado por el Gobierno en canon de emisiones de CO2 vaya directamente a amortiguar las facturas”.

En realidad, el Consejo de Ministros ya aprobó suprimir estos llamados “beneficios caídos del cielo” a las plantas de energías renovables a quienes se compensa el gasto por emisiones que tienen que afrontar las que sí las producen, pero ellas no porque son “limpias”. Está pendiente de que el Congreso lo convalide.

“Eso supone 9.000 millones de euros que pueden dedicarse a bajar las facturas”, calculó, asegurando que estas medidas “se pueden poner en marcha de manera inmediata” y rechazando otras propias de “trileros” como las que, según ella, disminuyen el recibo de la luz pero incrementan el de otros combustibles.

Además, Gamarra también llamó la atención sobre que el martes el Congreso tendrá que votar una propuesta del PP para modificar los requisitos por el que las pequeñas empresas y los autónomos pueden acceder a las ayudas directas que aprobó el Gobierno hace seis meses y que, según los populares, “no les están llegando”. El PP defiende que también puedan acceder a ellas las empresas que incurrieron en pérdidas en 2019 pero no por falta de solvencia, las que no pudieron pagar las cotizaciones a la Seguridad Social o los impuestos en 2020 por culpa de la pandemia, y las que no hicieron frente a los pagos endeudándose pero sí a sus patrimonios personales.

Finalmente, aprovechando el emplazamiento, Gamarra defendió un sistema de financiación autonómica que no deje a comunidades “de segunda” como cree que ha ocurrido con Murcia, y que se transfieran las competencias sobre el Mar Menor al Gobierno regional si no las toma el central.