Preguntada sobre cuándo se llevará a cabo la reforma de la financiación autonómica, Montero resaltó que “desde el primer día que llegué a Moncloa era muy consciente de la necesidad, porque lo había vivido desde la perspectiva de mi comunidad autónoma, absolutamente imprescindible de impulsar una reforma de la financiación autonómica, que figura como una prioridad dentro de la agenda política del Gobierno”.

En este sentido, la ministra indicó su esperanza de que “en el mes de noviembre podamos presentar conclusiones sobre la primera gran variable en la que pivota el modelo, como es ponernos de acuerdo sobre la distribución en base a la población”. “Esto significa”, explicó, “ponderar qué peso tiene la dispersión, la insularidad, las cohortes de edad, los mayores y los jóvenes, en la presión sobre los servicios públicos”.

La ministra subrayó que “lo que pretende el sistema de financiación autonómica es pagar los servicios públicos que se prestan desde las comunidades autónomas, y ahí inciden muchas variables y es complicado ponernos de acuerdo”. Así, apuntó que “los intereses son diferentes dependiendo de dónde uno vive, y unas comunidades prefieren que haya mayor peso de la población envejecida y las que son más jóvenes piensan que ese peso es más relativo”.

Por ello, Montero pidió “que haya actitud constructiva de avanzar y que no se utilice el debate de financiación autonómica para los agravios y enfrentar los territorios”. Esto, agregó, “va a depender de la actitud de los grupos políticos”, para a continuación hacer un llamamiento al PP al afirmar que “esto es una ley orgánica y para poder llevarla al Congreso mi vocación es que el principal partido de la oposición consensúe con el PSOE y el Gobierno este proyecto de ley, que salga de los agravios comparativos y de la situación de enfrentamiento territorial”.

A este respecto, la ministra recordó que el problema de la financiación autónomo no solo afecta al Gobierno, sino que “este es un debate que convulsiona el interior de todas las formaciones políticas”, ya que, mencionó, tanto PP como PSOE gobiernan en comunidades autónomas que tienen intereses diferentes entre sí.

Por ejemplo, apuntó que “el PP tiene que adoptar una actitud en función de los intereses no siempre coincidentes de la Comunidad de Madrid y Andalucía” y señaló que “hasta ahora lo que se han planteado son exigencias, pero no he visto que el PP haya reunido a Madrid y Andalucía”.

Así, Montero puso como ejemplo que Andalucía “se está reuniendo con los que son afines” y que “eso no soluciona nada”, porque “una parte de los territorios están pensando en determinadas variables que son las que les unen y otra parte en otras variables”, por lo que advirtió que “lo fácil es ponerse de acuerdo con quien tiene el mismo problema, pero lo complicado es ponerse de acuerdo con aquellos que no tienen ese problema”.

“Confío en que se pueda avanzar”, declaró la ministra, para acto seguido advertir que “si la actitud del PP no es constructiva y lo que quiere es utilizar este debate para volver a plantear los agravios territoriales y las comparaciones entre territorios, ya dicen una cosa en un sitio y otra cosa distinta en otro sitio, va a ser difícil que lleguemos a esa posición de consenso que es imprescindible para que esto pueda avanzar”.