En una rueda de prensa en el marco de unas jornadas sobre los servicios públicos organizadas por el sindicato, Méndez alertó sobre el "impacto" que se puede derivar de la reforma constitucional en pilares fundamentales del Estado del bienestar como la sanidad, la educación o la atención a la dependencia.

En concreto, el sindicato sostiene que, si se hace un reparto homogéneo entre todos los sectores para cubrir las reducciones del gasto público que serán necesarias para alcanzar el equilibrio presupuestario y para hacer desaparecer el déficit estructural, la partida destinada a la educación se recortaría un 0,35% del PIB, es decir, unos 3.700 millones de euros.

Este recorte supondría, según UGT, "retrotraer el sistema educativo a la situación existente hace ya 20 años, cuando se inició la aplicación de la Logse".

Por esta razón, el secretario general de la organización instó a los principales partidos políticos a que incluyan en la ley orgánica que fijará el techo de gasto para el próximo ejercicio, un "gasto mínimo de inversión social", para "compensar en cierta medida el golpe de la reforma constitucional".

En este sentido, Méndez apuntó que este suelo mínimo de gasto en sectores como la educación o la sanidad debería tomar como referencia al resto de países de la Unión Europea. "La referencia debería de tender a establecer un suelo mínimo de gasto social que refleje el horizonte de equipararnos, al menos en sanidad y educación, a los promedios de la UE", señaló.

Además, insistió en que en esta materia es fundamental llevar a cabo una reforma fiscal recupere la capacidad recaudatoria de las administraciones públicas. Según Méndez, desde 2007 los ingresos por impuestos y cotizaciones sociales han pasado de representar un 37,2% a sólo un 30,4%, es decir "un derrumbe" de casi siete puntos que supone cerca de 70.000 millones de euros.

"OPERACIÓN CATASTRÓFICA"

El líder de UGT subrayó que esta caída de los ingresos no se ha producido en otros países como Alemania o Italia, donde la recaudación incluso se ha incrementado en este periodo.

En su opinión, este descenso se explica por el "desarbolamiento fiscal" registrado en los años de fuerte crecimiento económico que se ha ocultado hasta el comienzo de la crisis gracias a los ingresos procedentes del sector inmobiliario.

Así, denunció que en España "hemos hecho una operación catastrófica" y sostuvo que el aumento del déficit "no proviene de que se hayan desmadrado los gastos, sino a la caída espectacular de los ingresos".

Por esta razón, pidió a los grandes partidos políticos a que abran un debate fiscal de cara a las próximas elecciones generales que en su opinión es "ineludible, imprescindible y fundamental", y aseguró que no es una "cuestión ideológica sino de matemática pura".

MODELO DE CRECIMIENTO

También sobre las próximas elecciones, Méndez lanzó una advertencia a quienes defienden el modelo de crecimiento económico aplicado desde el año 1996, en referencia al Partido Popular (PP).

El líder de UGT afirmó que ese modelo de crecimiento no sólo "no es reproducible", sino que tampoco es "aconsejable". Para Méndez ha sido ese modelo el que "nos ha acarreado tantos problemas".

Así, instó a los partidos políticos a que den una "mayor concreción a sus propuestas".

SERVICIOS PÚBLICOS

Por otro lado, Méndez defendió que, en España, "los servicios públicos en general, y en particular la sanidad y la educación, no están sobredimensionadas". "Se puede trasladar la idea de que lo que ocurre es que está sobredimensionado en relación con las necesidades, con otros países o con nuestras posibilidades, pero eso no es así", afirmó. En una línea similar, la secretaria de Política Social de UGT, Carmen López, defendió también la labor de los funcionarios, y aseguró que "ni son vagos, ni trabajan poco, ni cobran mucho".

En este sentido, hizo un llamamiento para que se vea al empleado público "como un trabajador que cuida de los mayores, que cura a los enfermos y que defiende nuestra seguridad".

En el caso de la sanidad, López señaló que "no se puede seguir exprimiendo" ya que el gasto en España se sitúa en siete puntos del PIB, casi dos menos que Alemania o Francia, y uno menos que la media de la UE-15.

Por esta razón, exigió a Europa que "no siga pidiendo sacrificios sin saber donde", ya que asegura que "no todos los países pueden cumplir sus exigencias".

Por último, criticó las diferencias de gasto en educación entre las distintas comunidades autónomas, y apuntó que Extremadura (6%) destinó más del doble del PIB a esta materia que Madrid (2,9%).