En una entrevista concedida a Servimedia, Abad señaló que han remitido una propuesta de modificación del decreto al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y “me consta” de palabra de la propia vicepresidenta Nadia Calviño, que “que están estudiando la posibilidad” de cambiarlo, para “sobre todo, permitir que se paguen las deudas” con Hacienda y Seguridad Social que reclama UPTA.

A juicio de Abad, “la ayuda ha sido mal concebida porque tendría que haber servido para que miles de autónomos con deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social pudieran regularizar su situación”

Advirtió de que “miles” de autónomos tienen un “problema de solvencia económica” porque no han podido renegociar pagos con la administración, dado que “si tienes un primer aplazamiento no te dan un segundo” mientras no solventes el primero, y supone “una situación de jaque mate” para negocios que “son perfectamente viables”. Para los que estaban en peor situación desde antes de la pandemia no se iban a salvar, según explicó.

Respecto al plazo de las ayudas, que se pueden otorgar hasta el 31 de diciembre de este año, Abad confesó que “las conversaciones” con la propia vicepresidenta “me llevan a pensar que pedirán un aplazamiento” de las ayudas y apuntó que “lo lógico” sería que el plazo se extienda “seis meses más”.

MODIFICAR EL DECRETO

No obstante, alertó de que pedir el aplazamiento “por pedirlo” no solventará que más de un 40% de las pymes y autónomos que UPTA calcula que se quedará sin beneficiarse lo consiga, sino que se tiene que modificar el decreto.

Además de permitir que las ayudas se destinen a resolver las deudas con la administración, esta asociación de autónomos reclama que se otorguen a quienes tengan una pérdida de al menos el 50% de la facturación respecto a 2019 sin necesidad de tener deudas.

“Esa misma inversión que haga el Gobierno volvería al Estado” y ese dinero “limpia la situación de miles de pequeños negocios”, quiso destacar el presidente de UPTA.

UPTA calcula que hasta ahora no se han gastado ni la mitad de los 7.000 millones que el Gobierno aprobó en marzo para pymes y autónomos y que las comunidades autónomas están repartiendo a distinto ritmo. Así, mientras en Canarias o Baleares se encuentran por encima del 80% de ejecución, si no se les tiene en cuenta, el resto de España se situaría en una media inferior al 40%, según relató Abad, quien insistió en que “no es un problema de las comunidades autónomas, es de la concepción del propio sistema”.