Así consta en el informe ‘Golpes contundentes’ que Amnistía Internacional ha elaborado en colaboración con la Fundación de Investigación Omega en el que se presentan 188 incidentes en los que los agentes han hecho un “uso indebido” de armas para golpear -porras u otras defensas-, cuyo comercio apenas está regulado en la actualidad.

La investigación se apoya en fotografías y vídeos de acceso público de 35 países, entre los que se encuentra España.

En el caso español, Amnistía Internacional ha documentado casos en los que “el empleo de defensas o porras se ha producido en disconformidad con los estándares internacionales de derechos humanos”.

Puso como ejemplo de ello las protestas celebradas en Madrid el pasado mes de julio tras el asesinato de Samuel Luiz, en las que la organización recabó testimonios y visualizó imágenes que demostraba el uso de estos instrumentos contra “manifestantes pacíficos” y contra dos periodistas que estaban cubriendo las movilizaciones: Olmo Calvo y Bruno Thievy.

Amnistía Internacional también documentó durante el periodo en que estuvo en vigor el estado de alarma “algunas actuaciones de gravedad donde se observa un uso desproporcionado y excesivo de la fuerza”, como en Málaga, donde, en abril de 2010, la Policía Nacional detuvo a una persona que, “una vez quieta y arrodillada, sin mostrar signos aparentes de resistencia o violencia, recibió varios golpes de porra, una patada, y ya tumbado en el suelo, una agente le pisó el cuello”.

La organización también recibió testimonios y visualizó imágenes de “uso excesivo de la fuerza con defensas” el 1 de octubre de 2017 en Cataluña, cuando en la Escuela Mediterrània de Barcelona “algunos policías golpearon a personas en actitud pacífica sin que hubiera ninguna amenaza aparente”, como Alejandra Rayas, cuyo caso se encuentra todavía bajo investigación del Juzgado de Instrucción nº7 de Barcelona, a la espera de que se decrete la apertura de juicio.

Ante esta situación, Amnistía Internacional reclamó a las autoridades españolas que “impartan formación estricta y basada en los derechos humanos en distintas situaciones” con el objetivo de que los agentes de policía utilicen este material antidisturbios “de forma acorde a los estándares internacionales” y, de este modo, se reduzca el riesgo de que tengan lugar “usos innecesarios o excesivos de la fuerza y se causen lesiones injustificadas”.

Por último, solicitó que aquellas situaciones en las que los agentes hacen uso de la fuerza sean “adecuadamente registrado y analizados para determinar si constituyen una violación de derechos humanos”, y que “toda violación de derechos humanos” protagonizada por la Policía sea “investigada de forma exhaustiva, efectiva e independiente”, poniéndose en marcha “mecanismos efectivos para reparar de forma adecuada a las víctimas”.